El Juzgado de lo Penal 4 de Almería ha absuelto al exalcalde popular de Albox,  Francisco Granero, quien se enfrentaba a penas de hasta diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la construcción entre 2004 y 2005 de once viviendas unifamiliares que fueron vendidas a ciudadanos británicos.

La magistrada Marta Inés Sierra considera que Granero, a quien se atribuía la comisión de un delito de prevaricación y otro delito de omisión del deber de perseguir delitos, conocía que las edificaciones “no se ajustaban” a la legalidad urbanística pero que autorizó el suministro de luz y agua “por motivos humanitarios” a fin de “evitar los perjuicios que se venían irrogando a los compradores que habían ocupado las viviendas”.

En su sentencia remarca que el exregidor había delegado sus competencias en materia de Urbanismo, Obras e Infraestructuras en un concejal, ya fallecido e inicialmente acusado por el fiscal y la acusación particular, y que, “tan pronto tuvo conocimiento de que las obras se venía ejecutando, se dispuso la inmediata paralización de las mismas”. Al hilo de esto, la juez señala, además, que el Ayuntamiento de Albox inició expedientes sancionadores para restaurar la legalidad quebrantada y añade que la autorización a las empresas suministradoras para proporcionar luz y agua no suponía “el otorgamiento definitivo de estos servicios, para los que era requisito imprescindible y conocido por las compañías, el haber licencia de ocupación”.

Prescripción de delitos
La Fiscalía interesó para Granero penas que sumaban nueve años de inhabilitación especial para empleo y cargo público mientras que la acusación particular, que le imputaba un delito contra la ordenación del territorio, interesó un año de prisión y diez de inhabilitación. Tal y como adelantó LA VOZ, el Juzgado de lo Penal 4 de Almería también absolvió por prescripción de los delitos, al arquitecto y a los promotores de las edificaciones. La defensa de los tres lo solicitó en el acto de juicio por haber transcurrido tres años entre la finalización de las obras y la llamada a proceso penal, y la fiscalía y acusación particular no se opusieron, reservándose el ejercicio de acciones civiles.

Pese a tener conocimiento de que las indicadas viviendas no se ajustaban a la legalidad, a lo largo del año 2004, pese a tener las competencia urbanísticas delegadas en otro concejal, Granero, en funciones de sustitución del entonces edil de Urbanismo y a fin de evitar los perjuicios que se venían irrogando a los compradores de las viviendas (la gran mayoría británicos), firmó escritos autorizando a las empresas a proporcionar, provisionalmente, suministro eléctrico y de agua a alguna de las referidas casas.