Quince centros educativos de la provincia están siendo investigados por la inspección educativa por incumplir con el programa de gratuidad de libros de texto. Así lo ha asegurado el presidente de Fapace, Román Puente, a LA VOZ DE ALMERÍA. Según Puente desde la Consejería de Educación de la Junta se está estudiando incluso expedientar a los directores de algunos de esos centros.

Se estima que 7.500 familias están afectadas por la situación y están pagando por material que, en teoría, está subvencionado al 100% por la Junta de Andalucía.

El delegado de Educación, Francisco Maldonado, por su parte, ha garantizado que las familias que hayan tenido que pagar de su bolsillo material que deberían haber sufragado los centros escolares cobrarán el dinero que les ha costado. “Hoy mismo -por ayer- la inspección va a enviar una nueva circular insistiendo en que ningún centro público puede pedir material no incluido en el cheque libro y, si algún centro lo pide, tendrá que pagarlo”.

Desde Fapace, Puente ha pedido a los centros educativos que “hagan el esfuerzo” de adaptarse a las editoriales que ofrezcan la totalidad del material con los cheque libros y ha recordado que, solo en la provincia, la Junta ha puesto 9 millones de euros para sufragar todo el material a las familias. Una cifra que, para toda Andalucía ha alcanzado los 50 millones de euros.

Precisamente este martes, la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Andalucía (Codapa), a la que presidente Fapace, informaba de que la mayoría de los centros educativos públicos andaluces no cumple con el programa de gratuidad de libros de texto.

Lo aseguraba después de haber llevado a cabo un estudio durante los primeros días de curso, impulsado por las quejas transmitidas por las familias en años anteriores. Según Codapa sus resultados demuestran que se siguen incluyendo en su listado de libros cuadernillos complementarios, cuyo costo debe recaer sobre el mismo centro y no sobre el bolsillo de los padres, según recoge la normativa.

La Confederación denuncia que esto supone “un perjuicio para las familias, ya que se las está obligando a pagar por una educación que es gratuita”.

Es más, afirma que se dan situaciones en las que las familias están pagando por los cuadernillos “casi tanto como el valor del cheque libro”.