En estos tiempos, en los que parece inevitable una transición hacia un consumo más consciente y una mayor implicación de los individuos en la gestión de los recursos energéticos, se hace necesaria una reflexión sobre el papel de la población en esta transformación. Las propuestas que surgen de los poderes públicos y de los expertos deberían ir acompañadas de una adecuada estrategia de información a los ciudadanos, pues los cambios que se prevén serán profundos y afectarán a nuestra vida cotidiana.
La transformación inevitable de los espacios urbanos –también la que afectará a los entornos rurales- estará impulsada en los próximos años por la denominada transición energética. El cambio desde los combustibles fósiles hacia las energías limpias no afectará tan solo a los motores de los vehículos o a la generación de energía eléctrica. Esta transición comportará una revolución en nuestra forma de vida y en nuestra mentalidad a medio plazo. Surge un nuevo concepto, “resiliencia”, que sintetiza la necesaria respuesta del ser humano a las situaciones de adversidad que podemos encontrarnos en un futuro próximo como sociedad. La resiliencia expresa, en esencia, una respuesta adaptativa del ser humano. Desde el punto de vista social, y teniendo como premisa la degradación del medio ambiente, podemos entender la resiliencia como la capacidad de la sociedad para responder de forma adecuada a la limitación de recursos que imponen nuevas realidades como el incremento demográfico y el calentamiento global. 
Los cambios que van a operarse en nuestra sociedad no parecen ser opcionales. Por lo que respecta a la necesidad de una transición energética, los expertos advierten sobre la posibilidad de alcanzar un determinado punto de inflexión en la degradación del medio ambiente que haría inviable la recuperación de un ecosistema favorable para el ser humano. El desafío apela a los gobiernos y a su capacidad para llegar, en una primera fase de la transición, a acuerdos internacionales como los que se han alcanzado en la cumbre de París sobre reducción de emisiones contaminantes, pero también apela a todos los ciudadanos en la necesaria adaptación personal a los cambios que se avecinan. 
En este nuevo panorama social no todo parece ser negativo. Estos cambios también puede comportar beneficios económicos, pues pueden reactivar la investigación sobre energías limpias y renovables y favorecer las políticas que apoyen la transición energética y la reducción de las energías altamente contaminantes. Además, estas decisiones pueden impulsar la creación de nuevas empresas y promover una necesaria vitalidad innovadora del sector económico. Para todo esto, será fundamental la recuperación de unos valores compartidos que fomenten la confianza de los ciudadanos. Las nuevas políticas energéticas progresarán solamente cuando cuenten con la complicidad de los ciudadanos para adaptar su forma de vida a los imperativos de una sociedad en transición hacia un consumo más consciente, con energías menos contaminantes y eficientes que aseguren por igual las prestaciones a los ciudadanos y el mantenimiento del ecosistema. No nos equivocaremos siempre que el centro y objetivo último de las estrategias políticas sean los ciudadanos, los del presente y los del futuro.