Los productores de frutas y hortalizas de Granada, Almería y Murcia donan 100 millones de euros cada año a los fabricantes de determinadas marcas de envases de plástico. No es una donación por caridad, sino impuesta. De los bolsillos de miles de agricultores se detrae cada campaña esa pequeña fortuna que va a parar a ciertos grupos que fabrican ciertos envases que, al parecer, son los únicos que pueden utilizarse para la venta a determinadas cadenas de distribución. La comercialización en origen ya ha puesto en el grito en el cielo ante esta situación, en la que importantes empresas de las tres provincias no tienen otra salida que acatar las “recomendaciones” recibidas si quieren mantener a su cliente final. 
Todo esto huele a donación con tintes mafiosos, porque hay otros envases de plástico que son perfectamente aptos para la exportación y que valen la mitad. Solo en Almería, cada año se donan con este método 57,2 millones de euros, que se añaden a los 27,6 millones de euros que se donan en Murcia y que se completan con pérdidas en Granada hasta llegar (redondeando) a unas donaciones anuales en torno a 100 millones de euros, según los datos del estudio encargado por Coexphal y Proexport.  La cifra global de pérdidas porque la elección de envase no es libre equivale al dinero que se obtiene vendiendo 500.000 toneladas de hortalizas a un precio medio de 0,20 euros por kilo, una cotización tristemente habitual en las pizarras de esta campaña. A todas luces, mucho trabajo tirado a la basura que no revierte para nada en el sector agrícola del sureste español, sino que más bien se convierte en un asfixiante lastre que le resta competitividad. Para hacernos una idea de las consecuencias de este régimen de esclavitud en la elección de envase, Almería pierde mucho más dinero por esta cuestión que el que espera recibir con cargo a las ayudas comunitarias de 2015 destinadas a las organizaciones de productores. Una locura en toda regla, que las administraciones competentes no deberían permitir. Sin embargo, ni la Ley de la Cadena Alimentaria que predica la transparencia y la justicia en todos los eslabones del negocio agroalimentario ni el Código de Buenas Prácticas sirven para nada, porque en este país evitar actitudes abusivas y discriminatorias con un determinado proveedor es voluntario y no de obligado cumplimiento, según el marco competencial del Ministerio de Agricultura. Las empresas de comercialización reconocen que no han denunciado hasta la fecha por temor a las represalias, aunque finalmente han decidido abrir la vía de la denuncia a través de la Comisión Nacional de la Competencia y gracias al respaldo ofrecido por el Ministerio de Agricultura, que hará de mediador. Será una denuncia dirigida desde España a las autoridades comunitarias y en la que no se descarta contar con el apoyo de comercializadores de otros países.