A lo largo de cualquier día de campaña, mientras usted lee estas líneas, un ejército de 30.000 mujeres en babi en la provincia clasifican, seleccionan y envasan pimientos y tomates, calabacinos y berenjenas; a lo largo de este día, un batallón de mujeres manipuladoras trabajan como hormigas en las alhóndigas y cooperativas almerienses dándole valor a lo que medra y se cosecha bajo el plástico del invernadero. Sin ellas, sin esas manos, sin esos pies, hinchados a veces, no habría habido nunca milagro, ni ‘locomotora de la provincia’; sin su saber hacer, sin su conocimiento primario, sin su rapidez, buen ojo y resistencia física, el engranaje de la cadena de la industria agroalimentaria no funcionaría; engrasan las mujeres manipuladoras toda esta maquinaria como nadie, son una parte más de una fábrica verde gigantesca en la que nadie es imprescindible pero en la que todo el mundo es importante: el agricultor, el proveedor de insumos, el alhondiguista, el encargado de la cooperativa, el bróker, el transportista, el distribuidor y el consumidor final en Alemania. Y sin embargo estas mujeres, las manos del campo, se enfrentan a desigualdades y desafíos a diario: hay relatos estremecedores, minoritarios sin duda, en los que tienen el tiempo tasado para ir al baño, por ejemplo. Muchas de ellas -casi todas- combinan, llevan años combinando, el trabajo en el almacén con cofia y guantes, con las tareas domésticas y el cuidado familiar. Son mujeres especialmente vulnerables, muchas de ellas migrantes, pero tan almerienses ya como las que nacieron aquí. Son ellas el 80% de este gremio del sector del manipulado, excepto a algunos hombres más dedicados a la carga y a las carretillas.

Y, sin embargo, estas mujeres llevan un año y medio sin convenio colectivo, alargando el que tenían firmado en 2024. Es verdad que está prorrogado y que las garantías que incluye están cubiertas, pero existen necesidades salariales que hay que atender. Trabajan 46 horas semanales y piden 40, aunque la patronal quiere subir a 48. Quieren un trabajo que alcance, al menos, una subida del 10% del salario mínimo para recuperar la pérdida de poder adquisitivo.

La patronal, compuesta por Asempal, Coexphal y Ecohal, argumenta que hay que velar también por la viabilidad económica de las empresas afectadas, que son cerca de 700, en un contexto de incremento de costes, y por la competitividad internacional, y que hay que tener en cuenta que ha habido cuatro subidas consecutivas.

El próximo lunes 25 de mayo, estas mujeres se merecen llegar a un acuerdo en la Plaza 3 de Abril (junto al Mercadona de la antigua Estación de Autobuses), donde volverán a reunirse las partes con las espadas en alto, con la mediación del delegado de Empleo, Amós García Hueso, los técnicos del Centro de Relaciones Laborales y el Sercla como árbitros. Tiene que haber un acuerdo, debe haber un acuerdo y firmar un nuevo convenio. Hay que ceder, las dos partes deben ceder, para que el motor del PIB de la provincia no se gripe: en los dos primeros meses del año por las manos de estas mujeres han pasado 600.000 toneladas de hortalizas que han generado 1.270 millones de euros a la provincia, en jornadas maratonianas. Quieren estabilidad laboral y seguridad, una tarifa plana. Y los empresarios quieren flexibilidad en un sector a veces anárquico, con muchos picos de demanda. Un binomio complejo de embridar. Pero ambos deben ceder algún centímetro. Es un gremio complejo el de estas mujeres: son fijas discontinuas con jornadas en las que se sabe cuándo empiezan, pero no cuando terminan, a Levante y Poniente de Almería. No hay que olvidar que son las manos de la provincia, las manos que mecen la cuna.