Como resultado directo del sprint jurídico que han dado algunos jueces para aplicar rápidamente la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos derogando la doctrina Parot, don Manuel González González salió el pasado 22 de noviembre del centro penitenciario Brians 2 de Barcelona. Hay que recordar que a principios de los noventa, don Manuel agredió sexualmente a dieciséis mujeres, resultando muerta una de ellas. Como asesino confeso, en 1997 fue condenado a 196 años de cárcel de los cuales ha cumplido apenas diecisiete. Hagan la cuenta de a cuánto sale una violación en España. Para los aficionados a la anécdota, mencionaremos ahora que don Manuel también es conocido como “El violador del chándal” y que salió a la calle no sólo con la alegría del preso que es liberado antes de lo esperado, sino también con un informe médico en el que se advertía de un “riesgo extremo” de volver a atacar a mujeres con posibilidad de matarlas. Pues bien, parece que el sujeto ha anunciado su intención de fijar su residencia en un pequeño pueblo sevillano cuyos vecinos han mostrado la lógica alarma. Pero una vez más, la Junta de Andalucía ha demostrado que es, de lejos, la administración más progre y más moderna del mundo mundial. Y que cuando la Junta dice que algo es injusto, eso no se aplica en Andalucía porque a la Junta no le da la gana. Véase la Ley Wert, por ejemplo. Pero esto es otra cosa. Y así, el consejero de Justicia, Emilio de Llera, ha dicho que el chaval se merece una oportunidad de reinsertarse en la sociedad, etcétera. Sin duda, una hermosa lección de solidaridad desde el escaño. Pero creo que el señor consejero debería dar un paso al frente y, por ejemplo, buscarle al muchacho un piso cerca de su casa, para que así el señor de Llera y toda su familia comprueben lo bien que se adapta a la libertad el pájaro.