Aquellos días del verano antiguo, en los que los pueblos del Almanzora -carretera y tortilla de patatas- conquistaban el mar; el mar de Terreros, el mar de Garrucha, el mar de Vera, el mar de Villaricos, el mar de los fenicios y de los romanos; y aquella gente de los pueblos de la Alpujarra almeriense -Berja, Alcolea o la propia Dalías- que destinaban una jornada entera de la canícula dominical a someter las olas de Balanegra o de Balerma o de Guardias Viejas; poblados estivales de alambre y cañabrava como Villajarapa, en la Almica de Vera; o aquellos barracones de madera ya desterrados de Terreros, donde familias de Albox o de Tíjola o de Olula pasaban el estío con un bañador eterno; o aquella playa de Garrucha con olor a salitre y estopa del varadero, donde al caer la noche se encendían fogatas junto al vientre de las barcas y los aparejos. 

Se ha pasado de eso, de aquellos veraneos con la abuela y la rueda de camión de hace más de medio siglo, de aquellos días de arroz y tartana de Blasco Ibáñez, a los nuevos hábitos de los meses de playa: esa nueva fórmula, que ha crecido como la hierba, de los pisos turísticos, en los que se paga un poco más que en un hotel durante unos días, pero con más espacio y a las anchas de cada uno.

Ha estallado -viene estallando desde hace unos pocos años- la burbuja de los pisos o apartamentos turísticos y distintos gobiernos, desde el estatal a los autonómicos y municipales, quieren ‘meterle mano’, quieren regular este mercado que, dicen, está acabando con los vecinos de toda la vida, lo que llaman gentrificación de las ciudades. Se está demonizando el crecimiento de la oferta de viviendas turísticas -que han existido siempre, por otra parte- y se las observa con aversión, como las causantes de todos los males de la vivienda en España en general y en Almería en particular.

Hace unos días, el Gobierno de España ha empezado a tramitar una proposición no de ley para gravar más la actividad de los pisos turísticos, para que los pisos vacíos tributen más -cómo se va a definir qué es un piso vacío- y para que los vecinos puedan decidir si uno de sus vecinos puede alquilar el piso por periodos vacacionales. Es decir, que si lo alquila a un profesor durante todo el año no hay problema, pero si lo arrienda en agosto a una familia de Jaén, sí; aunque al docente le guste el heavy metal y tiemblen las paredes y la familia cumpla de forma exquisita todas las reglas de vecindad. Hay, por tanto, cierto pensamiento monocolor, en que el alquiler turístico se ha convertido en una bestia negra, un oso pardo al que hay que abatir, que acaba con los barrios y que hay que neutralizar regulando a mansalva, cercando al arrendador y propietario para que se aburra. Por medio está el lobby hotelero de Exceltur apoyando esta causa, por razones evidentes de quitarse de en medio a un emergente competidor.

Poniendo la lupa en Almería capital, el Ayuntamiento siguiendo la moda de Málaga, Sevilla y Cádiz, encargó hace casi un año un estudio, sin conclusiones aún, para ver si hay influencia maligna en las viviendas turísticas sobre los barrios de la ciudad. “A ver si estamos perdiendo el casticismo almeriense por culpa de esta nueva moda de alojamiento que nos llena la ciudad de forasteros ruidosos”, claman algunos. Lo cierto es que en Almería capital no hay ni mil viviendas de alquiler turístico según el INE -1.200 según el Registro de Turismo de Andalucía- ni se divisan esas tensiones en el mercado que se advierten en el centro de Barcelona o Madrid; lo cierto es que la actividad de los alquileres turísticos, dentro de un orden, lo único que hace es impulsar la fortaleza del gremio y apuntalar la escasa dotación de plazas hoteleras en la capital. En la provincia hay, en la actualidad, en torno a 12.000 viviendas de uso turístico (VUT) según el Registro Autonómico y 6.500 según el INE: cómo se puede regular algo de lo que se desconoce el número de imputs.

Por qué inquieta tanto la actividad del alquiler turísticos, por qué han brotado tantos enemigos sobre algo que se ha venido haciendo siempre en El Zapillo o en Cabo de Gata, en Vera o en Mojácar. Hace bien la Administración en vigilar este segmento económico para que no haya alquileres en sombra, en el mercado negro; hace bien en sancionar a plataformas multinacionales como Airbnb por incluir ofertas no regladas, como debe vigilar también la actividad en los talleres mecánicos o en las academias de baile, por poner un ejemplo. Porque parece que ganar dinero con una casa en alquiler para veraneantes se ha vuelto un pecado capital de calvinistas sin escrúpulos, frente al acto piadoso y venial de alquilarlo a un maestro durante todo el año. Dentro de la ley, siempre dentro de la ley, cada uno debe poder alquilar su casa como quiera y a quien quiera, que para eso es suya.