Fue a principios de abril del año 2008 –calculemos: cuatro años y ocho meses- cuando la comarca del Almanzora se despertó con un bombazo informativo: la policía judicial ocupó el ayuntamiento de Zurgena, los domicilios particulares de varios empresarios y las sedes sociales de varias empresas y se incautó de miles de documentos y expedientes relacionados con el urbanismo en la que se denominó “Operación Costurero”, dicen que llamada así por la identificación con el concejal de Urbanismo del pueblo, Manuel Tijeras.

Al cabo del tiempo, la investigación dio como resultado 25 imputados, entre ellos 9 concejales y 11 empresarios de la construcción. El entonces alcalde, Cándido Trabalón, fue, y aún está, acusado de cinco delitos.

Después de aquella enorme operación mediática, lo único que se ha sabido es que el juez que la promovió ya no está en la judicatura, está en la política, y el fiscal cambió de destino. El  voluminoso sumario, conocido por la opinión pública de la comarca gracias a la reproducción de una amplia parte del mismo por el periódico “Actualidad Almanzora”, lo único que daba a entender era que allí había más cáscara que nueces.

Los únicos rastros que aparecían de un posible enriquecimiento ilícito eran una cartilla de un hijo de uno de los encausados en la que se habían ingresado algo menos de 12.000 euros día después de hacer el chiquillo su Primera Comunión y un coche de un concejal que parece que anteriormente había sido propiedad de un empresario.

Nada, nada, absolutamente nada, tienen que ver esta “Operación Costurero” con la otra operación que tenemos en la provincia, la “Operación Poniente”, también conocida en parte amplia por la opinión pública gracias a las revelaciones del sumario ofrecidas por “La Voz de Almería”.

Ahora se ha sabido que el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería ha absuelto de un delito de prevaricación, por autorizar la construcción de cinco viviendas en el paraje de El Cucador, a quien en la “Operación Costurero” era alcalde de Zurgena, Cándido Trabalón, y a todos los demás encausados. Este sumario que ahora se ha resuelto en primera instancia y el de la “Operación Costurero” son distintos.

Pero comparten el fondo del asunto: si las cientos de viviendas que se estaban construyendo en Zurgena lo hacían sobre suelo rústico o sobre suelo urbano. La Junta de Andalucía siempre ha manifestado que era suelo rústico, mientras el Ayuntamiento lo ha considerado urbano. Cada uno de los dos organismos tenía pruebas sobradas para conducir la conclusión hacia sus argumentos. Ahora, a la vista de esta sentencia, parece que la razón estaba más de parte del Ayuntamiento que de la Junta.

La divergencia, en condiciones normales, hubiera conducido a un pleito contencioso-administrativo. Se optó por la vía penal, que era la más mediática, pero también la que más dolor podía producir en los encausados y en la propia comarca. El Almanzora perdió todo el crédito que tenía ante un pujante mercado inmobiliario inglés, que daba a la comarca mucho más de lo que pedía.