Dice La Constitución Española en su artículo 50: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”. Se puede decir más alto, pero no más claro. ¿Son adecuadas y actualizadas? ¿Se puede vivir dignamente con ellas actualmente? ¿Y en el futuro?
Hay una campaña para convencernos de la insostenibilidad de las pensiones. No hay ningún interés para que el sistema público de pensiones sea viable, el interés que hay detrás de esto es que podrían pasar a la gestión privada entre los 110.000 a 120.000 millones de euros anuales. Mientras se saquea la hucha y se hacen subidas irrisorias de dos o tres euros al mes, hay escasa voluntad para idear nuevas propuestas para que los fondos sean los adecuados a lo que nos han aportado nuestro mayores a lo largo de su vida laboral. Las pensiones cada vez son más bajas y la calidad de vida de la tercera edad se ha empobrecido. La mayoría de ellos cobra una pensión de entre 600 y 650 euros. Uno de cada tres pensionistas cobra por debajo del umbral de la pobreza. Un 28% de pensionistas tiene una renta inferior a los 400 euros. Esto supone que no pueden acceder a los medicamentos prescritos, a alimentos frescos y saludables, a la energía para alimentarse y calentarse, etc. A esto hay que añadir que muchos de ellos, con sus famélicas pensiones cada vez más bajas, mantienen al resto de familia. 
Y para que se igualaran las pensiones entre hombres y mujeres mayores de 65 años, según los datos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), las mujeres pensionistas tendrían que ganar casi un 50% más. El sistema español de pensiones es de reparto: esto quiere decir que los y las actuales pensionistas cobran de lo que aportan a la seguridad social los actuales trabajadores y trabajadoras, que aportan un 4.7% y la empresa un 23.6%. 
Y con las tasas dramáticas de paro actuales se cuenta con 2.24 cotizaciones por cada pensionista, una de las cifras más bajas desde los años 90, cuando se firmó en Pacto de Toledo. Hay que echar la vista atrás y ver qué ha pasado en las dos últimas reformas. En 2011, aprobada por el Gobierno de Zapatero, en la que se aprobó el retraso legal de jubilación y un endurecimiento progresivo de la jubilación anticipada. Situando la edad legal en 67 años en 2027.  
También se aumentaba para calcular el importe de la pensión, los últimos 25 años cotizados, en lugar de los 15. En la Reforma del 2013, se desvincula las pensiones del IPC y las vincula a la demografía y al importe de la pensión, es decir, a mayor esperanza de vida, menos pensión. Estimándose un descenso de pensión inicial del 5% cada diez años de aplicación. 
La “Hucha de Pensiones”, que se creó como una reserva para cuando no se tuviera ingreso suficiente para pagar las pensiones, se ha reducido desde 2011 en un 87%, siendo uno de los principales motivos de preocupación, incluso se ha duplicado, entre mayores de 65 años, según el barómetro del CIS. Y el nuevo factor, que se aplicará desde el próximo 1 de Enero, llamado factor de sostenibilidad según la esperanza de vida, es un nuevo engaño perverso para nuestros mayores, tan solo este factor tendrá un impacto de un 7% de pérdida de poder adquisitivo en  los 300.000 recién jubilados del próximo año. Si España tiene ahora el doble de producción que hace 40 años debemos de preguntarnos dónde está el dinero. 
El Gobierno ha vuelto a rescatar otra autopista después de decir que no hay dinero para las pensiones. Por ejemplo con los 5.500 millones del rescate de las autopistas, los 2.700 millones que hemos aumentado nuestra aportación a la OTAN y los 1.350 pagados por el proyecto Castor, se hubiera podido hacer frente a la actualización del IPC de las pensiones durante seis años, e incluso los 60.000 millones que el Gobierno desvió al rescate de la banca ayudarían a tener unas pensiones dignas. 
Nuestras personas mayores se han lanzado a la calle para luchar nuevamente por su dignidad: ¿y las más jóvenes lucharemos junto a ellas para que el presente y el futuro nos devuelva la dignidad?