Aunque no lo parezca, este país tiene una Ley en vigor desde el pasado 7 de marzo para compensar los daños provocados por la sequía. Ahí está, viendo pasar el tiempo, como cantaban Victor Manuel y Ana Belén. Flamante, publicada en el BOE y con todos los aliños técnicos que se esperan de una señora Ley que ha tardado en parirse casi un año, después de un intenso debate parlamentario que sería una lástima que ahora quedara en 'papel mojado'. La gran incógnita es si dicha Ley servirá para algo, y si su contenido se cumplirá, algo que sería de gran importancia para todos los productores agrícolas de Almería si tenemos en cuenta que, por primera vez en la historia de España, se promulga una Ley que reconoce subvenciones para el agua desalada. Pero ojo, que las reconozca no implica que las vaya a aplicar. Una cosa es lo que el legislador escribe y otra bien diferente lo que se ejecuta. 
La Ley de la sequía es la Ley seca. Seca, económicamente hablando, por falta de asignación presupuestaria para garantizar el cumplimiento de muchos de sus compromisos. Seca, también desde el punto de vista temporal, porque no especifica plazos para que las medidas para paliar los daños provocados por la sequía se ejecuten. Eso sí, para mal de muchos, la Ley de la sequía abunda en  párrafos torticeros redactados con el fin de generar muchas interpretaciones jurídicas y legales, como si los que la han redactado hubieran deslizado entre sus líneas el deseo de que la Ley de la sequía desemboque sin remedio en un mar de despropósitos, en un conato de resolver los graves problemas del agua en España, en un quiero y no puedo.
Así las cosas, que nadie espere pagar menos por el agua desalada a corto plazo. Hay que preparar los reglamentos posteriores de la Ley, que sólo llegarán después de otros muchos debates políticos sobre cuestiones que han quedado muy abiertas. Aprobar que el agua desalada costará en España un máximo de 0,30 euros por metro cúbico provoca tantas dudas que sus señorías en la Villa y Corte tendrán que invertir, a partir de ahora, mucho tiempo y muchos sofocos para decidir dónde se paga ese precio, si a salida de la planta desaladora, a la llegada a la red general de una comunidad de regantes o a pie de finca del consumidor final de ese agua de riego. No crean que es un asunto baladí, porque fijar el precio en un tramo o en otro puede suponer una diferencia de cientos de millones de euros en la dotación económica necesaria para hacer realidad la tan codiciada rebaja del agua desalada en un sureste español que se seca tan rápido como las arcas públicas de este país aún sin presupuestos para 2018.