La España constitucional tiene que ganarle a la Generalidad y al Parlamento catalanes la guerra –no un putsch ni un golpe- que le han declarado… y que van ganando, en un delito continuado. El Estado de Derecho tiene que ganarle a los insurrectos, a los sin ley. España –por lo que oigo, veo y leo- se siente humillada en su dignidad por unos –literalmente- bandidos. 
Porque se trata de una guerra –“rompimiento de la paz democrática”, con batallas sucesivas- contra la Constitución, y violarla sólo unos cuantos españoles –no es el  pueblo, en el que radica la soberanía, actuando conforme a ella- para dejar de ser una región y convertirse en un Estado independiente en forma de república, es una declaración de guerra. A estas alturas de los tiempos, la guerra no se hace con la infantería, la caballería, la artillería…
La Constitución obliga a los ciudadanos y a todos los poderes a respetar la Ley. Por ello, desde el día 7 de septiembre, cuando el Parlamento catalán se prostituyó y negó a los diputados no secesionistas todos sus derechos y aprobó las leyes para la independencia, Cataluña funciona, de hecho, como si fuera un Estado independiente –“un país libre”,  ha dicho su Presidente- que pide la mediación internacional, y de la Iglesia, entre iguales. 
Un Estado fallido, sí, pero desconectado de España, en el que no rige ninguna ley: ni europea ni española ¡ni catalana!: quienes mandan, las vulneran y dictan, digamos, leyes verbales instantáneas –el censo universal, por ejemplo-, acomodadas en cada instante a su capricho delirado, borrachos de poder: la calle es suya. Sólo pueden transitarla quienes quieran las turbas amotinadas, esas gentes de quienes Rilke decía que escupen sus sentimientos como si fuera sangre. Parafraseando a Sor Juana Inés de la Cruz, hoy, el Estado de Derecho, la legalidad, en Cataluña "es cadáver, es polvo, es sombra, es nada" 
Un Estado en el que los españoles –y su lengua, sus símbolos, su policía; y hasta sus perros (a dos se les ha vetado la asistencia a un acto por haber sido agentes caninos de la Policía)- son escarnecidos minuto a minuto y se les niegan todos los derechos.
¿Es o no una guerra?
Y la propia Constitución tiene mecanismos para ganarla: el Gobierno puede adoptar las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones constitucionales y para la protección de interés general (artículo 155, que tuvo que haberse aplicado hace ya mucho tiempo, al menos, cuando el 9-N).
Pero hay más medios. La misma Constitución contempla la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, si bien parece excesiva su declaración… de momento sólo, dada la pasividad del Gobierno, que no ha sabido prevenir y está, por ello, obligado a operar. Y el Código Penal tipifica los delitos de prevaricación, malversación, desobediencia, odio y, específicamente, los delitos contra la Constitución especialmente el de rebelión –no puede negarse, ya, que ha habido, y hay, violencia- y contra el orden público, penados –la rebelión y la sedición- con prisión, por lo que, cabría, a mi juicio, adoptar la medida cautelar de la prisión provisional contra los cabecillas “para evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos”. 
Forcadell, Puigdemont, Junqueras, Trapero, los de la CUP, Omnium, etc., son un peligro para España, por lo que convendría que fuesen apartados de la circulación.
¿Radical yo? Sí, en esto: a la guerra no se va a regalar caramelos ni cabe convertirla en la guerra de Gila –“¿Está el enemigo?.- Que se ponga”- como pretenden quienes propugnan el diálogo con los delincuentes atacantes.
Ganada la guerra, habrá tiempo para todo, por los cauces legales. Incluso para proponer la independencia.