La manera más rápida de pasar del Estado de Derecho al Estado de Desecho no es teclear inoportunamente donde no se debe, sino asumir con naturalidad que la agitación y el burbujeo de algunos grupos políticos y tuiteros representan más solidez argumental que los pilares y normas en los que se basa nuestro ordenamiento legal y nuestros fundamentos jurídicos. Puede que sea el signo de los tiempos, pero hemos acabado aceptando con mansedumbre pastueña la eliminación de la presunción de inocencia como regla y premisa de convivencia. Uno de los baluartes de la libertad es que solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona podrán ser aplicadas penas o sanciones. Y esa es una de las barreras que separa a los ciudadanos de los súbditos. Pero creo que lo adecuado sería escribir esa frase en pasado, porque eso que era ya no es. Al menos en España, país en el que la Pena de Telediario, el Veredicto de Portada o la mucho más electrizante Sentencia Tuitera han mandado a hacer puñetas a los tribunales. Ahora todos somos culpables (usted también, no se crea) en cuanto un tribunal nos llama para aclarar cualquier asunto. Da igual que el juez te mande luego a casa: si te ves en la puerta de un juzgado, ya puedes ir dándote por muerto civil y políticamente hablando. Y es que en esta alocada carrera por la ejemplaridad que tanto impulsan los impacientes partidos recién creados, llegará el día en que el hecho de que un médico te mande un análisis de sangre te convertirá, automáticamente, en portador del virus de la sospecha terminal y la simple consulta médica se entenderá como la antesala misma del deceso. La mejor prueba de esta esquizofrenia la hemos tenido recientemente en Almería, en donde un asunto judicial en curso ha merecido la siguiente reflexión por parte de un partido político: “respetamos su presunción de inocencia, pero que dimita”. Eso es tener las ideas claras.