Los secretarios municipales tendrán un abogado para las diligencias previas

El Colegio almeriense será uno de los pocos de España en disponer de este servicio

Foto de familia tras la asamblea del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Almería.
Foto de familia tras la asamblea del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Almería. La Voz

El Colegio de  Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Provincia de Almería ha contratado los servicios de un despacho de abogados para garantizar un “primer golpe de defensa” con la asistencia letrada a los colegiados de la Administración Local que sean citados en diligencias previas. En caso de que se pase al procedimiento abreviado, es decir, cuando se encuentren indicios de delito, la defensa ya correrá de la cuenta de cada colegiado.


El Colegio acordó en su última asamblea designar al despacho del abogado Alfredo Najas para esta función, y especialmente “en materia de protección ante la difusión de datos maliciosos o falsos en la web”. Con ello se pretende luchar, por ejemplo, con las “frecuentes ocasiones en los que los colegiados siguen apareciendo durante mucho tiempo en internet y las redes sociales como imputados, en casos en los que ya se ha demostrado su inocencia o que han sido archivados ”, como explica el presidente de la institución, Guillermo Lago -secretario municipal en Roquetas de Mar-.


“Por desgracia, vemos como siguen apareciendo casos muy negativos en las redes sociales, que hacen mucho daño a la profesión y que son vistos por nuestros familiares e hijos, por lo que apelamos al derecho al olvido”, añade.


Otro de los motivos de esta contratación es el conflicto de intereses en el que muchas veces se encuentran estos profesionales respecto a los cargos políticos que dirigen los ayuntamientos, por ejemplo, cuando ellos no son designados por los consistorios, sino por el Estado, aunque sus ‘jefes’ directos sean dichos cargos electos. “Hay casos en los que incluso un secretario denuncia a un alcalde, o al revés”, expone Lago, por lo que considera totalmente lógico que los colegiados cuenten con una defensa diferente a la de la Corporación municipal. El Colegio de Almería se convierte, además, en uno de los pocos del país que contará con un despacho de abogados para defender a sus miembros.


Acoso laboral En la última asamblea, el Colegio almeriense también aprobó la adhesión al protocolo nacional de actuación de protección integral de los colegiados para responder a los fenómenos de acoso laboral que puedan sufrir. Su presidente cree que con ello se beneficiarán especialmente los profesionales que trabajan en pueblos pequeños, en los que las presiones de los políticos puede ser mayor. Sin embargo, son situaciones aisladas, como demuestra que durante todo este año no se haya denunciado un solo caso de acoso en la provincia de Almería.


Por último, la asamblea  aprobó los nuevos estatutos colegiales con la posibilidad de integrar a colegiados no habilitados que ejerzan accidentalmente funciones de este cuerpo. Y es que en la actualidad existen muchos pueblos, también en la provincia -en Almería hay 62 funcionarios y 103 municipios- donde estos puestos son ejercidos por funcionarios que no han aprobado las oposiciones para estos puestos, y que son nombrados accidentalmente por la Junta de Andalucía.


Con esta integración, el Colegio pretende “dar cobijo” a estos secretarios, interventores o tesoreros accidentales, a los que se ofrecerá asesoramiento jurídico y apoyo, para ayudarles a ejercer su función de la mejor manera posible.


Tras la asamblea celebrada el pasado 3 de diciembre se impartió una charla, bajo el título « Un neandertal en el trabajo »,  por uno de los diez mejores ‘coaches’ de España: Nacho Coller, autor entre otros del libro « Una tortuga, una liebre y un mosquito » el cual versó sobre diversas estrategias para mejorar las dimensiones humanas en el trabajo.


Las funciones más complejas Los secretarios, interventores y tesoreros de administración local ejercen desde la Constitución de Cádiz las funciones más complejas en la organización, régimen jurídico y funciomiento de los ayuntamientos y diputaciones españoles. Su actividad está muy regulada y abarca materias como el asesoramiento jurídico preceptivo, la fe pública, la contabilidad, control interno y presupuestario, gestión de ingresos y recaudación.

 

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