La Guardia Civil pasará la factura de la búsqueda a Ana Quezada

El teniente coronel José Hernández Mosquera, responsable accidental de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, definió la investigación sobre el secuestro del pequeño Gabriel Cruz Ramírez como “la mayor búsqueda coordinada de un desaparecido en España”.

El dispositivo movilizó a 2.000 profesionales de las fuerzas de seguridad y unidades de emergencias y a 3.000 voluntarios en el rastreo de Las Hortichuelas, Las Negras, Rodalquilar y otros puntos del entorno del parque natural Cabo de Gata-Níjar.

No hay precedentes de un despliegue de estas dimensiones. El crimen de Gabriel Cruz Ramírez marca un hito en la crónica negra de la provincia de Almería.

Y aunque el factor económico es secundario en un caso de estas características, también la lista de gastos generados en la búsqueda del niño de ocho años alcanza niveles de récord.

La acusación

Los tribunales pasarán factura a Ana Julia Quezada. Literalmente. El Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería ha solicitado a la Guardia Civil un informe de los costes del dispositivo, mantenido desde el 27 de febrero durante un periodo de 12 días.

La valoración económica se incorporará al procedimiento, a disposición de la Fiscalía de Almería, para la solicitud de responsabilidades civiles a Ana Julia Quezada, autora confesa del crimen de Gabriel Cruz.
La cuantificación de los gastos es, sin duda, una labor compleja por la enorme cantidad de equipos movilizados en la búsqueda del pequeño de ochos años. Fuentes policiales consultadas por LA VOZ DE ALMERÍA apuntan a una cifra millonaria.

El pago de estas responsabilidades civiles (en el caso de una futura sentencia condenatoria) es imposible en la práctica para la acusada y tiene un carácter fundamentalmente simbólico.

No en vano, la incorporación de los informes económicos en las diligencias policiales se ha extendido en los últimos años en la investigación de denuncias falsas o simulaciones de delitos.

Los agentes ponen a disposición del Ministerio Fiscal una factura del tiempo ‘perdido’ en la investigación de un suceso inexistente, esto es, de la utilización de recursos públicos de seguridad ciudadana en hechos ficticios.  

El documento recoge el sueldo de los agentes destinados a la misión y el coste de los materiales específicamente empleados en las tareas de localización.

En este caso, la detenida Ana Julia Quezada asfixió con sus manos a Gabriel Cruz Ramírez una hora después de la desaparición en Las Hortichuelas y mantuvo el “engaño” y la “falsa apariencia de preocupación” durante 12 días hasta su arresto en La Puebla de Vícar a manos de agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

En este periodo la nómina voluntarios en la búsqueda creció día a día y el esfuerzo de los agentes se multiplicó con la esperanza de hallar al pequeño Gabriel Cruz Ramírez todavía con vida, como confirmó el teniente coronel José Hernández Mosquera en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Otras búsquedas

El despliegue realizado en el entorno de Las Hortichuelas carece de antecedentes en la provincia de Almería y supera notablemente las cifras de operaciones tan importantes como la búsqueda de la bebé Míriam Cuerda (asesinada entre Abrucena y Fiñana en la Navidad de 2012) o Lourdes García Carreño (desaparecida en Roquetas de Mar en octubre de 2009).

En ambos episodios el Instituto Armado peinó la provincia de Almería con medios terrestres y aéreos y refuerzos procedentes de otras provincias.

Ana Julia Quezada de 43 años está acusada de presuntos delitos de detención ilegal, asesinato y contra la integridad moral.Permanece en el módulo de mujeres de la prisión de El Acebuche por orden del magistrado Rafael Soriano, titular del Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería.

600 guardias civiles, buzos, drones, barcos y helicópteros

La búsqueda contrarreloj de Gabriel Cruz Ramírez en el entorno de Las Hortichuelas exprimió los recursos personales y materiales de la Comandancia de la Guardia Civil y puso a prueba la coordinación entre instituciones. Nunca antes la provincia de Almería se había sometido a una misión de tales características.

Según datos oficiales, el dispositivo movilizó a 600 agentes del Instituto Armado, entre ellos los componentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Almería (UOPJ) y de la Unidad Central Operativa (UCO), claves en el esclarecimiento del suceso, el hallazgo del cuerpo del menor y la detención de Ana Julia Quezada como presunta asesina.

La Benemérita encontró aliados fundamentales en personal de bomberos, policías locales, Protección Civil,  Medio Ambiente, Plan Infoca, Grupo de Emergencias de Andalucía y otras tantas instituciones públicas.

Los equipos se reforzaron con las batidas de voluntarios, coordinadas en el puesto de mando habilitado en un edificio del Ayuntamiento de Níjar en la cercanía pedanía de Las Negras.
Los agentes contaron con drones y helicópteros para abarcar el mayor espacio posible con vistas aéreas del entorno. Además, el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) inspeccionó cientos de pozos durante casi dos semanas de búsqueda del niño.

El Servicio Marítimo de la Comandancia de Almería llevó a cabo exploraciones en la costa ante la posibilidad de un accidente del menor y agentes y bomberos entraron en minas y otras oquedades de la comarca en un rastreo desesperado, sometido a una enorme presión por el paso del tiempo y la angustia de la falta de noticias sobre el niño de ocho años.

Ana Julia Quezada participó en muchas de las batidas de voluntarios, aunque ya sabía que el cuerpo de Gabriel Cruz estaba enterrado en un agujero cavado con una pala junto al aljibe de una finca de Rodalquilar. Depositó el cadáver, colocó arena, tablones y piedras y continuó pintando para construir una coartada.