Acuamed, la empresa pública que ha construido las desaladoras de la provincia con delegación en Almería, está en el ojo del huracán. La Guardia Civil registraba ayer, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, la sede madrileña  de esta compañía dependiente del Ministerio de Agricultura, por un presunto fraude en los contratos. Los agentes han detenido a 13 personas, entre ellas, el director general, Arcadio Mateo, y la directora de Ingeniería y Construcción, Maria Gabriela Mañueco Pfeiffer.

Los agentes efectuaron 15 registros, entre los que se encuentran también las desde de Valencia y Murcia. El motivo de los registros es la búsquedas de numerosos contratos públicos supuestamente inflados y adjudicados para el desarrollo de las obras públicas en la cuenca del mediterráneo. La cuantía, aseguran fuentes de la investigación es “muy importante.
Según las fuentes de la investigación consultadas por Europa Press, se prevé, en el marco de  de esta operación, una docena de detenciones incluyendo a varios empresarios presumiblemente beneficiados por las prácticas irregulares investigadas.

La operación, denominada Frontino, está siendo llevada a cabo por el Grupo de Delitos Económicos de la  Guardia Civil.
La Federación de Regantes de Almería (Feral), tras conocer la investigación y las detenciones, ha rechazado que los agricultores paguen el sobrecoste de las obras en el caso de que la investigación judicial confirme la existencia de contrataciones irregulares realizadas.

En la actualidad, los regantes de Almería están obligados a la amortización de los ocho grandes proyectos gestionados en la provincia por Acuamed, que suponen un montante económico global por encima de los 681 millones de euros, po ello piden que se exima a los agricultores del pago del sobrecoste de las obras y “que el Gobierno sea honesto y devuelva a los regantes hasta el último euro cobrado indebidamente”.