Bruselas y Almería,  la Comisión Europea y el invernadero del Sureste,  la fría Europa y el caliente campo almeriense, no comparten los mismos interes, a pesar de que uno forme parte de la otra.
El contencioso por el el Acuerdo agrícola con Marruecos, que ayer adquirió prestancia por el fallo del alto tribunal comunitario que lo anula, ha dejado más evidencia que nunca que los principales clientes del producto que se cría en  el mar de plástico prefieren llevarse bien con Mohamed VI que con el liliputiense lobby de productores almerienses y murcianos.
El jueves se conocía que el Tribunal General de la Unión Europea anulaba mediante sentencia la decisión de la UE en 2012 de concluir un acuerdo comercial agrícola con Marruecos, por incluir el Sáhara Occidental.
Mientras organizaciones agrarias almerienses como Asaja y Coag han solicitadola aplicación inmediata de la sentencia, la Comisión Europea ha anunciado que apelará el fallo que anula este acuerdo comercial y no aplicará la suspensión del Acuerdo.
La jefa de la diplomacia euroepa, Federica Mogherini, indicó que las instituciones europeas están analizando la sentencia para definicir los trabajos preparatorios para apelar y este fin de semana está previsto que se reúna en Roma con el ministro de Relaciones Exteriores marroquí, Salahedin Mezuar, para analizar la situación. “La asociación entre la Unión Europea y Marruecos es primordial”, ha manifestado. En el fondo de esta resolución subyace la derivada política, puesto que es una victoria para el Frente Polisario (movimiento independentista saharaui, que recurrió el Acuerdo Comercial,  en los territorios del antiguo Sáhara español.
Marruecos tomó el control de la mayor parte de este territorio en noviembre de 1975, con Franco agonizando, desatándose una lucha armada que se prolongó hasta 1991.
Aunque no se ha reconocido en la región la soberanía marroquí, lo cierto es que la potencia que ejerce de facto la administración del Sáhara Occidental.
Mientras tanto, la Federación de Productores de Frutas y Hortalizas (Fepex), a la que pertenece la almeriense Coexphal, considera que la sentencia puede tener “un fuerte impacto sobre las importaciones comunitarias procedentes de Marruecos.
Si la sentencia es recurrida por la UE, como así parece, para lo que se abre un plazo de dos meses, el Tribunal suspenderá cautelarmente su ejecución.