Las quejas crónicas de los agricultores almerienses por los precios por debajo de coste de las cadenas, la venta a resultas y la falta de contratos por escrito de comercialización han sido un clamor en el desierto durante décadas.
Hasta que el 1 de enero de 2014 entró en vigor la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Sin embargo, el cumplimiento de esta nueva normativa, esperada como el maná israelita por los productores, ha ido a paso lento, con más teoría que práctica real, según organizaciones agrarias como Coag y Asaja. Es ahora que acaba el año, cuando el Gobierno, a través de la Agencia de Inspección y Control Alimentario (AICA), que dirige José Miguel Herrero, está activando los mecanismos de control.
Según Herrero, en Almería se están llevado a cabo en el primer mes de funcionamiento del Programa específico de controles de frutas y hortalizas unas 80 inspecciones en empresas almerienses comercializadoras y de intermediación.

Transacciones   En estos controles se verifica si los contratos alimentarios cumplen los contenidos mínimos de la ley que deben ser por escrito.
También se están revisando las condiciones de realización de subastas electrónicas o si se está cumpliendo el pago de las frutas y hortalizas en 30 días. Herrero expresó en la presentación del informe de campaña de Cajamar que “estas inspeccionen tienen también un fin pedagógico para enseñar a los operadores las nuevas reglas, la Agencia actuará en caso de que haya pruebas de que se cometen infracciones y se sancionará a las empresas que vulneren la ley”.
La Agencia ha analizado las transacciones comerciales de distintas empresas de frutas y hortalizas y ha enviado a las compañías inspeccionadas requerimientos de información por escrito. Una vez finalizada la fase de investigación, se procederá a instruir el correspondiente expediente sancionador, en aquellos casos en los que se detecten posibles infracciones de la ley de mejora de la cadena.
Francisco Vargas, presidente de Asaja, considera que, por ahora no se ha visto que la normativa haya servido para mejorar los precios para los agricultores. “Incluso estamos comprobando cómo los intermediarios, al tener que pagar en 30 días a las comercializadoras y ellos, a su vez cobran en 90, soportan ese coste financieros apretando los precios en origen”.
Asaja ha puesto en marcha una campaña a nivel nacional contra la venta a pérdidas que aseguran practican algunas cadenas comerciales. Los precios han caído en lo que va de campaña más de un 50%.