La Junta de Andalucía ha cancelado de enero al 18 de mayo de 2026 un total de 310 viviendas turísticas, mientras que en el total de la región han sido clausuradas 2.600. Se trata de una “estrategia integral de control, regulación y ordenación del sector, basada en la cooperación institucional, el refuerzo normativo y la modernización de los sistemas de inspección y registro”.

Estas medidas se apoyan en la aprobación del Decreto 31/2024, que clarifica la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan límites proporcionados al número de viviendas turísticas por edificio, zona o periodo, en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A ello se suma el Decreto ley 1/2025, de medidas urgentes en materia de vivienda, impulsado de forma coordinada con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que refuerza la capacidad de los municipios para adecuar esta actividad al modelo de ciudad definido en su planeamiento urbanístico y preservar el entorno urbano.

En los últimos años, las viviendas de alquiler turístico no han dejado de crecer en Almería y en toda Andalucía. Según datos de agosto de 2025, Almería incrementó un 33,6% las viviendas de uso turístico respecto a 2023, situándose en 12.808 establecimientos inscritos.

En Almería capital la Junta, en colaboración con el Ayuntamiento, canceló 121 viviendas turísticas entre 2024 y agosto de 2025 como parte de este plan de regulación. La Junta ha puesto en marcha un nuevo sistema que impide la inscripción automática de viviendas en municipios con limitaciones urbanísticas, como son, Sevilla, Málaga, Cádiz y El Puerto de Santa María, y ha acordado con las principales plataformas de alquiler temporal, Airbnb, Booking y otras, para consolidar la oferta reglada y fortalecer la cooperación público-privada.

Se ha reforzado el canal de notificaciones ágiles y se han acordado puntos de contacto oficiales en las plataformas para recalcar la negativa a la oferta no reglada. Por último, ha puesto en marcha el grupo Titán de la Policía Nacional Adscrita, un equipo especializado que recorre el territorio haciendo “control, inspección e inteligencia turística, de modo coordinado con la inspección autonómica”.