Una de las primeras gestorías que empezó a funcionar en Almería nada más terminar la guerra civil fue la gestoría ‘BOM’, en el número dos de la calle General Rada (hoy Concepción Arenal). Su propietario, Manuel Bonilla, vio como el negocio se colapsaba debido a la avalancha de clientes que le llegaron cuando media ciudad necesitaba poner en orden sus papeles tras los revolucionarios tiempos vividos.

Aquellos que querían recuperar los negocios o las propiedades que le habían sido usurpados, se pusieron en manos de un gestor para garantizar el éxito de los trámites. Eran muchos también los que llegaban a la gestoría a por ese certificado de penales que se hizo obligatorio en los primeros años de la España de Franco, un salvoconducto que era imprescindible para poder aspirar a cualquier trabajo o recibir alguna ayuda por parte de las instituciones. En esos primeros años de posguerra el gestor administrativo y ayudante facultativo de minas, Francisco García Galindo, estableció su despacho en la calle Navarro Rodrigo. Su gestoría se especializó en automóviles; los conductores iban allí a formalizar todos los trámites del vehículo y del carnet de conducir. También se despachaban los expedientes de todo tipo de industrias y los relacionados con el sector minero.

El licenciado en Derecho y gestor administrativo Manuel Orozco Espinar abrió, en 1948, la gestoría Briet en la calle Navarro Rodrigo, que no tardó en convertirse en una referencia dentro del ramo. Fue en los años cincuenta cuando se produjo la eclosión de las gestorías en la ciudad. Un grupo de nuevos gestores se fue incorporando con fuerza. En 1950 ya estaba en marcha la gestoría de Alberto Soria Ramírez, que comenzó su andadura en la calle Javier Sanz y pronto se estableció en el Paseo. La gestoría Soria supo sacar partido a los expedientes de familias numerosas, cuando el Gobierno de la dictadura trató de impulsar la natalidad premiando a las familias más fecundas. “Siendo las familias numerosas las más útiles para España, se pone en marcha la ley de subsidios familiares, que exigirá un esfuerzo al patrono y al Estado”, decía la propaganda del régimen. Por dos hijos daban una prima de quince pesetas al mes, treinta pesetas por cuatro hijos, cuarenta por cinco y cincuenta por seis; a las que pasaban de diez hijos les concedían una paga de ciento cuarenta y cinco pesetas.

La ley consideraba familias numerosas a las de más de cinco hijos menores de 18 años. Se hicieron dos grupos a la hora de repartir las prestaciones y los beneficios: las familias que tenían entre cinco y siete hijos disfrutaban de una reducción del 50% en los impuestos, en el alquiler de sus viviendas, en las matrículas en los centros docentes y se consideraban “preferidos” a la hora de concederles un empleo; las familias con más de ocho hijos estaban exentas de impuestos, tenían una rebaja del 40% en el transporte público y no pagaban el alquiler de sus casas.

Las gestorías tramitaban toda clase de papeleos, desde los carnets de las familias numerosas o los permisos de conducir hasta las licencias para manejar armas, las pensiones y los subsidios. Era mucho el trabajo y fueron muchos los que llegaron al negocio. En 1951 ya funcionaba en la calle Tenor Iribarne la gestoría de Federico Arcos Martínez, que dio sus primeros pasos con el nombre de ‘LAM’. La lista oficial de gestores en Almería estaba integrada entonces por: Francisco García Galindo, Alberto Soria Ramirez, Manuel Orozo Espinar, Manuel Bonilla Serrano, Federico Arcos Martínez, Aurelio López Orihuela y Trinidad Lara González, una gestora que irrumpió en un mundo hasta entonces de hombres para abrir la gestoría Lara, primero en la calle de San Francisco y después en la de Gómez Ulla.

En los años sesenta las gestorías vivieron años de éxito comercial debido sobre todo al aumento vertiginoso de las matrículas de vehículos, que en una década cambiaron la estampa de las calles de la ciudad.