Ha pasado un mes desde que se originara el fuego del trágico incendio forestal de Bédar y Los Gallardos, en el Levante de la provincia de Almería. En él perdieron 14 personas: 8 británicos, 3 belgas, una francesa, una estadounidense y un español.  Ahora, las familias han recibido por parte del juez la información necesaria para saber que pueden personarse en la causa judicial abierta de oficio por la Guardia Civil. Será un proceso muy (muy) largo, pero no les importa. Quieren respuestas.

Las dudas e incógnitas que sobrevuelan la evacuación llevada a cabo en Bédar han empujado a una movilización por parte de los familiares de los fallecidos, hasta el punto de que los de nacionalidad británica están llevando a cabo gestiones para solicitar formalmente a su gobierno que se involucre en la investigación.

Así lo confirma a LA VOZ Danielle Gillam-Kirton, la hija de Pete y Fran Gillam. "He contactado con mi diputado y he animado a familiares y amigos a hacer lo mismo. Estamos solicitando que los parlamentarios británicos planteen este caso ante el Ministerio de Asuntos Exteriores (Foreign, Commonwealth & Development Office; FCDO por sus siglas en inglés) y que se explore cómo el Gobierno del Reino Unido puede apoyar a las familias en su interacción con el proceso en España, cuando sea apropiado", detalla la joven británica.

Tal y como explica la hija de los fallecidos, ya han recibido la respuesta de varios diputados británicos: algunos de ellos ya han solicitado a Asuntos Exteriores que se implique en el caso del trágico incendio forestal de Bédar y, en el momento de escribir estas líneas, están esperando una respuesta de Ed Miliband, el político laborista nombrado hace unas semanas secretario de Estado para Relaciones Exteriores y de la Commonwealth en el gabinete del flamante primer ministro, Andy Burnham. 

"No se trata de interferir en la justicia española ni de sustituirla", aclara la hija de los Gillam. "Se trata de asegurar que las familias que no somos del país podamos orientarnos adecuadamente dentro de un sistema que no conocemos y acceder a los canales correctos para que nuestras preocupaciones sean escuchadas", puntualiza la británica, que se encuentra en la provincia de Almería para llevar a cabo un sinfín de gestiones vinculadas con el incendio y, al mismo tiempo, hallar algunas respuestas.

Subraya Danielle Gillam-Kirton que no existe falta de confianza en las instituciones españolas y que no cuestionan el sistema judicial. De hecho, sus dudas y preguntas sobre la trágica jornada del 9 de julio tampoco tienen nada que ver con los equipos de emergencia que estuvieron sobre el terreno. "No estamos señalando a los bomberos, a la Policía, a la Guardia Civil ni a ninguna de las personas que intervinieron directamente en la extinción o respuesta al incendio. Sabemos que trabajaron en condiciones extremadamente difíciles y que muchos hicieron todo lo que estuvo en su mano", puntualiza.

"Lo que planteamos se refiere a aspectos concretos de la gestión de la emergencia y a decisiones tomadas dentro de estructuras administrativas y de coordinación pública: la activación de niveles de emergencia, la comunicación de alertas, la toma de decisiones sobre evacuación o confinamiento y la forma en que esa información se transmitió a las comunidades afectadas. Estas cuestiones, por su naturaleza, requieren escrutinio institucional y político además del judicial", detalla la británica.

Esas dudas nacen en el mismo momento en el que distintas administraciones señalaron a las propias víctimas mortales del incendio como responsables de su suerte. En la madrugada del 9 al 10 de julio, cuando se tuvo conocimiento de los primeros fallecidos, distintas autoridades indicaron que las personas que habían perdido la vida no habían seguido las instrucciones de una supuesta evacuación que se llevó a cabo desde Bédar y de la que no hay constancia alguna en parajes alejados como El Curato, donde vivían algunas de las víctimas. 

"Nuestras preguntas se centran en los niveles de decisión y coordinación por encima de la actuación operativa. Se trata de entender cómo se evaluó la situación, qué información estaba disponible en cada momento y cómo se tradujo esa información en decisiones concretas que afectaron a la población. Para nosotros, esto es fundamental, porque cada nueva información que surge plantea más preguntas sobre la secuencia de decisiones y sobre la comunicación del riesgo a las personas que vivían en zonas vulnerables", analiza Gillam.

La británica plantea lo mismo que hace unos días cuestionó Thomas-Wolf Verdonckt, hijo de uno de los ciudadanos belgas fallecidos ante el juez en Vera: "Si hubo tiempo para organizar autobuses para evacuar a personas del pueblo, ¿por qué no hubo tiempo para advertir a las personas que vivían en las zonas situadas entre el incendio y el pueblo?", se cuestiona. Además, aclara que con esta pregunta no juzga o saca sus propias conclusiones "sino como una cuestión que creemos que debe ser examinada y respondida dentro de la investigación".

Pide pruebas, grabaciones, registros y testimonios. Pide que cualquier información relevante sea "examinada de forma completa y rigurosa dentro del proceso de investigación" y recuerda algo esencial que puede olvidarse por el largo camino judicial que se abre ante sus ojos: "Peter y Frances no eran cifras ni nombres en un informe. Eran mis padres. Me criaron, me cuidaron y formaron la base de mi vida. Merecían estar informados. Merecían poder tomar decisiones con tiempo. Y merecen que se conozca la verdad sobre lo que ocurrió".

En ese proceso en el que ya han pedido ayuda al Gobierno británico y en el que, advierte, "no voy a dejar de hacer preguntas", Gillam no está sola. Ni siquiera es algo relacionado solo con las víctimas de origen británico: como familias, los parientes de los 14 fallecidos, están unidos en su búsqueda de la verdad. 

"Mi familia está totalmente junto a Thomas y a la familia Verdonckt. Todos queremos respuestas y una investigación completa e independiente sobre lo ocurrido", explica Gillam.