Almería no es solo un paisaje de costa y ríos; es también un punto estratégico en las rutas de la droga que recorren el Atlántico. La Policía Nacional acaba de desmantelar la mayor red de narcotráfico que operaba en España y Europa con narcolanchas de alta velocidad, y la provincia ha estado dentro del mapa logístico de la operación.

La operación Sombra Negra, desarrollada durante más de un año y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 3 y la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, ha culminado con 105 detenidos y la intervención de más de 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, 6 inmuebles, 3 armas de fuego, más de 800.000 euros, dos hexacópteros, más de 150 teléfonos móviles, sistemas de comunicación encriptados y material náutico y tecnológico de última generación valorado en cerca de 2,5 millones de euros.

Almería se menciona expresamente como uno de los puntos de partida y apoyo logístico de estas operaciones. Las narcolanchas partían desde costas almerienses, así como el río Guadalquivir, Cádiz y Huelva, así como de Canarias, Marruecos y Portugal, para internarse en el Atlántico y conectarse con los buques nodriza que trasvasaban la cocaína de origen colombiano y brasileño. Desde allí, la droga regresaba al sur peninsular y al archipiélago canario.

Asimismo, la provincia formaba parte activa de la red: era punto de partida de embarcaciones, lugar de tránsito y apoyo logístico. Para las fuerzas de seguridad, el desmantelamiento de la red supone un golpe directo a las rutas que atravesaban el litoral almeriense, interrumpiendo meses de actividad ilícita y poniendo fin a uno de los entramados de narcotráfico más sofisticados de Europa.

Los miembros de la organización criminal operaban durante la noche, utilizando embarcaciones capaces de alcanzar velocidades superiores a 40 nudos, y empleaban comunicaciones encriptadas, teléfonos satélite y lenguaje codificado. Estas medidas dificultaban la labor policial y permitían que la red coordinara operaciones complejas en alta mar, algunas de más de un mes de duración, con cambios de tripulación y suministro de combustible y víveres desde embarcaciones auxiliares. En total, la organización llegó a gestionar más de 100.000 litros de combustible, garantizando la operativa continua de sus narcolanchas.

Además, contaban con puntos de vigilancia distribuidos a lo largo de la costa, que monitorizaban los movimientos de las fuerzas de seguridad para evitar ser detectados. La investigación reveló que, en un caso extremo, la organización pagó 12 millones de euros a la familia de un tripulante fallecido en un alijo para garantizar su silencio y desvincularlo de cualquier responsabilidad.

En entramado territorial de Almería a Galicia

La red criminal no solo operaba desde el Campo de Gibraltar, donde se encontraba el mayor centro de distribución y lavado de activos de Andalucía, sino que su estructura se extendía por Galicia, Portugal, Huelva, Cádiz, Málaga, Almería, Gerona, Ceuta, Marruecos y Canarias. Desde el centro logístico del Campo de Gibraltar se suministraban terminales de comunicación seguros y equipamiento para travesías marítimas, que facilitaban la operativa de las rutas que incluían a Almería.

En la primera fase de la operación, en junio de 2025, se detuvieron 48 personas y se realizaron 29 registros en Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura, interviniendo casi 3.800 kilos de cocaína, 69 vehículos, 19 embarcaciones, 6 inmuebles, armas de fuego, dinero en efectivo, cuentas bancarias y dispositivos de geolocalización.

La segunda fase, en noviembre de 2025, se centró en el Campo de Gibraltar: 20 registros, detención de 57 personas, incautación de más de 700.000 euros, dos hexacópteros, material tecnológico de última generación como inhibidores de frecuencia, amplificadores de WiFi y conexiones satélite, y diverso material náutico.

El impacto y la cooperación internacional

Los investigadores calculan que esta organización criminal fue responsable de introducir en Europa unos 57.000 kilos de cocaína en el último año. Coordinadores en Marruecos, Cádiz y Canarias distribuían la droga, mientras que las autoridades portuguesas lograron incautar 6.600 kilos a bordo de un semisumergible.

La operación contó con la cooperación de agencias internacionales: National Crime Agency (NCA) del Reino Unido, Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos (DGSN), EUROPOL, MAOC-N y autoridades de Portugal, Francia, Colombia y Cabo Verde, con el apoyo directo del CNI. Además, la operación se cofinanció con fondos europeos de seguridad interior, dentro de una estrategia de lucha coordinada contra la delincuencia organizada y las amenazas transnacionales en Europa.