Casi 60 (59) expedientes de obras públicas adjudicadas por la Diputación Provincial de Almería en los últimos años ya obran en poder de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de las investigaciones del Caso Mascarillas.

En los registros que hubo el pasado 18 de noviembre, bajo mandamiento judicial, los miembros de la Benemérita requirieron diversos expedientes de obras concretas, algunas de ellas adjudicadas a empresas que participarían en la presunta trama de mordidas de contratos públicos de esa institución.

Entre esos expedientes se encuentran los encomendados en su día - la investigación arranca desde el año 2016 - a la empresa OYC Servicios Urbanos, vinculado con el exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, ex del PP, los de obras ejecutadas en el cementerio municipal de Bacares, los adjudicados a dos empresas de Tíjola (Tagilis y Constijola), la adecuación de la piscina municipal de Chirivel, las obras en el cementerio municipal de Senés, un parque infantil y biosaludable también en Senés y la sustitución de la red de abastecimiento en Tabernas.

Los registros en las sedes de la Diputación Provincial de Almería comenzaron a primera hora del 18 de noviembre en las sedes de las calles Navarro Rodrigo y Hermanos Machado y acabaron a media tarde, según se detalla en las diligencias del sumario que instruye el Juzgado número 1 de Almería, parcialmente secreto.

Según ha podido saber La Voz de Almería de diversas fuentes jurídicas, en el marco de la investigación ordenada por el entonces juez instructor, Eduardo Martínez Gamero, también se habría solicitado información a la Diputación, con los preceptivos requerimientos, de todos - todos - los expedientes de hasta cinco programas de obras diferentes impulsados desde la institución. Se trata de los programas Acelera 2020, Pibio 2018, Pibio 2019, PCEM 2018 y PCEM 2019.

El mandamiento judicial especifica que ha de aportarse en un plazo máximo de cinco días - el día 18 fue el registro -las fechas de los pliegos, licitación, remisión de ofertas, valoración de ofertas, adjudicación y formalización del contrato, empresas invitadas al concurso, los presupuestos que presentaban las mismas, etc. Es decir, lo que se viene en llamar un expediente completo desde que se proyecta por una administración hasta que se emite el correspondiente certificado de fin de obras y se inaugura de forma oficial o se pone en servicio.

En el caso que nos ocupa, con seis planes diferentes, las obras a analizar por la UCO y la Justicia se contarían por decenas.