“Cae una banda dedicada al tráfico de droga y al petaqueo. La Guardia Civil detiene a seis personas e incauta 7.660 litros de gasolina. Uno de los arrestos se produjo en la localidad almeriense de Adra”.

Esta es la última noticia publicada por este periódico, el pasado 28 de julio, y es una más de cuantas se han difundido en el marco del Plan Especial de Seguridad contra el tráfico de drogas desde Almería hasta el Campo de Gibraltar pasando por las zonas costeras de Granada, Málaga y Huelva y el interior de Sevilla.

El Plan, coordinado por el Ministerio del Interior, suma miles de detenidos y de kilos de droga incautados, al margen del decomiso de cientos de garrafas con combustible para las llamadas narcolanchas. El balance es positivo desde el punto de vista de Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. Sin embargo, desde el ámbito judicial se piden reformas legales para que haya mayores condenas para los petaqueros. Es decir, que se pase de una sanción administrativa a ser considerado como delito.

Así lo defendía este fin de semana, en una entrevista en la Cadena SER, la fiscal antidroga de Andalucía, Ana Villagómez. “El Plan de Interior debería haber ido acompasado de un Plan del Ministerio de Justicia, porque aún quedan asuntos atascados en los juzgados, que están saturados no solo en Cádiz sino en las otras provincias”, indicó.

Villagómez añadió que ya está en vigor una reforma de la Ley de Planta Judicial, “pero no se han creado más plazas de jueces ni de funcionarios”.

Preguntada por los recursos que dependen tanto del Ministerio como de la Consejería de Justicia, la fiscal antidroga de Andalucía remarca que “trabajamos con los medios que nos dan”.

La representante del Ministerio Público fue interpelada sobre las declaraciones de asociaciones de guardias civiles que apuntan a que a las organizaciones que se dedican al petaqueo “les sale casi gratis” la práctica de esta actividad. “Nosotros - respondió Ana Villagómez - estamos reclamando unas reformas legislativas desde hace ya varios años, pero por el momento no se han producido. No obstante, explorando las posibilidades de delitos de riesgo, la Fiscalía considera que podrían incluirse en los de transporte o tenencia de sustancias inflamables, que está regulado en el Código Penal en su artículo 568”, que apunta que “la tenencia o el depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o sus componentes, así como su fabricación, tráfico o transporte, o suministro de cualquier forma, no autorizado por las Leyes o la autoridad competente, serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años, si se trata de sus promotores y organizadores, y con la pena de prisión de tres a cinco años para los que hayan cooperado a su formación”.

Al respecto, la fiscal antidroga de Andalucía añadió que hay “resultados contradictorios” porque algunos jueces consideran que sí podrían incluirse los petaqueos en ese artículo del Código Penal y otros opinan lo contrario. Por lo tanto, se está ante una gran “inseguridad jurídica” y por ello piden reformas legales.