“Según las fuentes que a mí me llegan, a ella se la escucha no solo hablar mal de mí sino llegar a decir, delante de otras personas, no solo de estas fuentes, que sí, que me quiere matar”. Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel Cruz asesinado hace más de 7 años en Rodalquilar, ha lanzado esta mañana duras acusaciones contra la condenada por ese crimen, Ana Julia Quezada.

En una comparecencia que ha durado casi una hora en el Pabellón ‘Moisés Ruiz’ de la Diputación en la capital almeriense, Ramírez ha denunciado, una vez más la desprotección que sufre, sobre todo después de conocerse que Quezada habría tenido acceso a teléfonos móviles en la cárcel donde está ingresada, la de Brieva en Ávila, y que hay ya un funcionario de esa prisión investigado por la Justicia en esa provincia.

Junto a su psicólogo Francisco Murcia, la madre del pequeño ha relatado toda la cronología del asunto referido a las presuntas irregularidades que se habrían cometido en ese centro penitenciario, con un trato de favor a la reclusa, “con grabación de imágenes para un documental que por ahora está parado” y con “movimientos de dinero”.

Básicamente, Patricia Ramírez ha centrado su intervención en denunciar el periplo de escritos judiciales que lleva presentados desde hace meses para que se detenga ese “trato de favor” a Ana Julia Quezada, denunciado ya en mayo del año pasado, y que debería tener una respuesta contundente de la propia Justicia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia.

Tras todas esas denuncias, que espera Ramírez que incluyan su acusación popular en el caso que se investiga a personal de la cárcel de Brieva, la madre del pequeño Gabriel ha lanzado desde la rueda de prensa de este miércoles, que espera que sea la última que protagonice, un claro mensaje al Gobierno.

Con algunas de las cadenas de televisión con su imagen en directo en los programas matinales, Ramírez Domínguez ha afirmado que lógicamente espera una respuesta oficial a sus acusaciones por parte de organismos del Ejecutivo de la Nación que preside Pedro Sánchez y que se profundice en la investigación, por ejemplo, de las relaciones de funcionarios de Prisiones con Ana Julia Quezada; de las imágenes que hay en los teléfonos móviles a los que habría tenido acceso la condenada, compañera sentimental cuando ocurrieron los hechos de Ángel Cruz, padre de Gabriel; o de las llamadas que se han realizado desde esos celulares.

“Espero que realmente profundice también en cuestiones como el movimiento de dinero o en la responsabilidad civil que todavía no está resuelta después de siete años. Ni siquiera está declarada como insolvente ni se ha cerrado este ámbito de la sentencia. Esto también implica – ha añadido - que yo tampoco he podido solicitar la ayuda del Estado hasta que no se resuelva la insolvencia. Ahora mismo no tengo derecho. A mí me llega, por una de las fuentes, es que ella ha recibido dinero y se ha trasladado a determinados sitios. Pido que se investigue ese adelanto de dinero por el documental”.