La Consejería de Empleo de la Junta, esa paradoja administrativa, ‘contradictio in terminis’ u oxímoron autonómico (hablar de empleo y de Junta es como mezclar a la Enciclopedia Británica con Sálvame de Luxe) ha acabado convirtiéndose en una especie de parque temático del choteo, pues por increíble que parezca, es capaz de sorprendernos con nuevas y más atrevidas atracciones periodísticas. Si creían que lo de los ERES para amigos, conocidos y niños de teta que desde la cuna trabajaban en reconocidas bodegas (supongo que recordarán esas fiestas) nos llega ahora una vuelta de tuerca más dentro del espíritu escénico del ‘más difícil todavía’ propio de las grandes dinastías circenses. El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado otro presunto fraude administrativo en centros especiales de empleo en Granada, Jaén y Málaga, en donde el despiporre habría llegado al extremo de subvencionar que se contratase como telefonista a una persona sorda. Al margen de lo que sobre este caso concreto y sobre los otros puedan decidir en un futuro los tribunales, si es que alguna vez se dilucidan oficialmente todas estas cuestiones, lo que emana de toda esta secuencia de casos es el rastro de una gestión dominada por una sensación de inabarcable y perpetuo blindaje. Podemos hacer lo que queramos, como queramos y del modo que estimemos conveniente porque de aquí no nos van a sacar en la vida. Supongo que un discurso muy parecido al que durante décadas manejaron los responsables políticos de la Junta de Castilla-La Mancha, cuyas cajoneras se han convertido, tras el cambio de color político en esa comunidad, en inagotable fuente de bochornos, descuadres y desvergüenzas. No querría arrendar las ganancias de quienes, en un eventual giro político en Andalucía, sean los encargados de ver si hay vida bajo las alfombras de estos últimos treinta años de gestión autonómica. Con ejemplos como los ERES y los telefonistas sordos podemos pensar que lo de otras comunidades puede ser pálido en comparación con Andalucía.