Si la Administración de Justicia en Almería fuera un paciente sometido a un profundo chequeo médico, su diagnóstico generalizado sería preocupante. Alarmante, según a cuál de sus órganos miremos. Al borde del colapso, en los peores casos. La sobrecarga de nuevos asuntos, originada por la implacable crisis económica, y la escasez de personal, una derivada de los recortes presupuestarios (plantillas escasas, bajas no cubiertas, exceso de movilidad), han puesto a los juzgados almerienses -salvo alguna aislada excepción- en punto de desbordamiento.

"Si no se adoptan medidas urgentes, no va a haber capacidad para sacar todo, hay que llamar la atención de los poderes públicos para que empiecen a priorizar". Lo dice la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes Molina, quien acaba de remitir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un detallado informe, solicitado por el tribunal andaluz, en el que revela hasta qué punto los órganos judiciales de la provincia padecen una carga de trabajo inasumible y una carencia crónica de recursos que ponen en riesgo su correcto funcionamiento.

El documento es el resultado de más de un año de visitas personales de inspección a los diferentes juzgados, de las que su autora ha podido extraer apreciaciones directas, sumadas a las aportaciones estadísticas de todos los jueces y magistrados de órganos unipersonales.

Una radiografía, en suma, de cómo están a día de hoy los juzgados de todos y cada uno de los ocho partidos judiciales y de las distintas jurisdicciones, exceptuando la Audiencia Provincial.

El informe no se limita a describir en cada uno de ellos las incidencias en cuanto a movimiento de plantilla y la carga de trabajo soportada en el último año (aporta los datos de los tres primeros trimestres, con alusiones a periodos anteriores si son cifras muy llamativas o que condicionan la actividad actual).

Al tratarse de un trabajo orientado a plantear la situación real a la sala de gobierno, propone además para cada caso una relación de medidas correctoras, tanto las más ambiciosas como las más asequibles y, en cualquier caso, las urgentes y las inaplazables.

¿Y dónde están los mayores problemas de la Justicia almeriense? En la provincia, los partidos judiciales de Vera, Berja y Roquetas son los que, según la presidenta de la Audiencia, se encuentran en "situación límite". En Vera, la carga de asuntos civiles en sus tres juzgados mixtos (Primera Instancia e Instrucción) es de tal calibre que abogados y procuradores se han quejado formalmente por la tardanza en la tramitación y ejecución de procedimientos. Berja (dos juzgados) padece igualmente una avalancha de casos del ámbito civil por impacto de la crisis económica. Roquetas, con cinco juzgados, es un partido especialmente delicado por la enorme litigiosidad, que se ha disparado también por la crisis y se ha agravado con una plantilla judicial muy inestable, y donde las diligencias de notificación tardan hasta nueve meses.

En la capital, una de las disfunciones más peliagudas se está viviendo en los juzgados de lo Penal, especialmente los números 3 y 4, que acumulan un volumen de ejecutorias "inabarcable", a juicio de la presidenta de la Audiencia y autora del informe. Ni siquiera los funcionarios de refuerzo de los últimos tiempos han conseguido resolver este cuello de botella. También viven una situación muy complicada los juzgados de Primera Instancia (civiles), con un aumento "desmesurado" de asuntos, que aconseja crear el número 10 a pesar de que en los tres últimos años se han creado los números 8 y 9.