Las personas privadas de libertad presentan, con una importante incidencia, patologías crónicas y un precario estado de salud por el que requieren atención sanitaria a todos los niveles, sin que esta se debiera ver interrumpida por su entrada en prisión. Así lo recoge el Defensor del Pueblo Andaluz en la queja de oficio 24/8504, en la que aborda las dificultades para garantizar la asistencia sanitaria a los internos de los centros penitenciarios andaluces, entre ellos el de El Acebuche, en Almería.

En las reuniones mantenidas en las prisiones visitadas durante los últimos años, así como en los informes recibidos en la tramitación de otras quejas, la institución ha constatado las dificultades que encuentran los profesionales en el acompañamiento a la población reclusa. Entre ellas figuran la atención sanitaria, la deshabituación del consumo de sustancias y la atención psicosocial, con especial incidencia en la salud mental.

El Defensor señala que desde hace años viene detectando problemas para hacer un seguimiento adecuado de los tratamientos en prisión e incluso para derivar a los pacientes a los especialistas del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Una situación que se agrava por la coexistencia de dos sistemas sanitarios: el penitenciario, que acompaña al enfermo durante su estancia en prisión, y el del SAS, que utiliza la plataforma Diraya.

En el expediente de queja se señala que la separación de ambos sistemas dificulta el acceso de los profesionales sanitarios de las prisiones a las historias clínicas de los internos. En ellas figuran las pautas de medicación, las pruebas propuestas y las citas de seguimiento, información esencial para el abordaje de enfermedades crónicas graves. El Defensor destaca especialmente la situación de las personas con enfermedad mental, en las que la modificación de las pautas de medicación puede provocar descompensaciones y dificultar su adaptación a la vida en prisión.

Convenio de colaboración

Para mejorar esta atención, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el SAS informaron de la elaboración de un convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. El acuerdo permitiría la interoperabilidad entre las historias clínicas digitales de ambas instituciones, a través de las plataformas Diraya y OMI360.

Entre las medidas previstas figura que el personal sanitario de las prisiones pueda consultar la historia clínica completa de los pacientes compartidos, tanto en Atención Primaria como en Especializada. Tendría acceso a los resultados analíticos, las pruebas de imagen y los tratamientos, incluidos los de dispensación hospitalaria. También podría gestionar citas, enviar imágenes a los hospitales de referencia e incorporar informes médicos.

El acceso quedaría limitado a los pacientes compartidos durante el periodo de internamiento y a otras situaciones ajustadas a la ley. Según trasladaron ambas administraciones, la entrada en vigor del convenio permitiría garantizar la continuidad de los tratamientos y seguimientos médicos, sin que la privación de libertad implique una interrupción de la atención que precisan.

Sin embargo, al cierre del expediente, el pasado 30 de octubre, el Defensor señaló que todavía no le constaba la entrada en vigor del acuerdo. Por ello, ha solicitado a las administraciones que indiquen si el convenio está vigente y, en caso contrario, cuándo tienen previsto hacerlo efectivo y en qué centros penitenciarios se ha implantado.

Transferencia a la Junta

La queja aborda también la necesidad de hacer efectiva la transferencia de la sanidad penitenciaria a la Junta de Andalucía, prevista en la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Se trata de un mandato legal que acumula más de 23 años de retraso.

Las negociaciones entre ambas administraciones se han sucedido sin llegar a materializar el traspaso. Según la información facilitada por la Junta, los contactos se retomaron en junio de 2021 para abordar la cuantificación de la deuda reconocida y su forma de pago. En febrero de 2022, la Consejería de Salud y Familias y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acordaron trabajar en un borrador de convenio, continuar con la clarificación de la deuda y avanzar en la cuantificación económica de la transferencia mediante un pago por interno.

La Junta señala que, tras la nueva legislatura de julio de 2022, las negociaciones se interrumpieron por los cambios en la estructura del Gobierno andaluz.

Por su parte, Instituciones Penitenciarias comunicó que había enviado a las comunidades autónomas pendientes de asumir esta competencia un oficio para iniciar las negociaciones. Para ello era necesario que cada autonomía expresara su voluntad favorable mediante una petición formal, pero, según esta administración, no había recibido respuesta de Andalucía.

El Defensor ha cerrado el expediente confiando en que se retomen los contactos para hacer efectiva la transferencia de la sanidad penitenciaria a la Junta. Mientras tanto, reclama que se concluya la tramitación del convenio que debe permitir compartir las historias clínicas de los internos.