Las obras de la Ciudad de la Justicia de Almería se recibieron el 11 de noviembre de 2010, iniciándose a partir de ese momento la puesta en marcha del edificio. El traslado de los juzgados a la Ciudad de la Justicia se inicio el 15 de mayo de 2011 y finalizó en el mes de octubre del mismo año.

El precio del conjunto de la obra fiscalizada ha tenido un incremento de un 35,4% como consecuencia de modificaciones de proyectos, las revisiones de precio y las regularizaciones impositivas. Incremento en el precio que se eleva al 44,6% en el caso del contrato de consultoría para la dirección técnica de la obra. Así lo detalla el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que dedica un capítulo específico a la fiscalización de esta infraestructura judicial.

“Imprevisión”  Según la Cámara de Cuentas, el proyecto además “adolecía de una imprevisión al no contemplar un concepto básico en la ejecución de una obra pública como es el de las ayudas de albañilería. Omisión, que tampoco fue detectada por la oficina de supervisión de proyectos. Ello ha supuesto que un importe significativo de las mejoras ofertadas no se haya destinado a optimizar los materiales y los sistemas constructivos, sino a llevar a cabo unos elementos y unas partidas básicas que debieron estar recogidos en el proyecto”.

Desde la Cámara de Cuentas se explica que  estas ayudas de albañilería importaron 602,98 millones de euros y han supuesto un 45,8% de la cuantía total de las mejoras destinadas a materiales y sistemas constructivos ofertadas por la adjudicataria. “Los proyectos deben abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprender todos y cada unos de los elementos que sean precisos para ello, refiriéndose a obras completas susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente”.

La adjudicación  El mismo informe de fiscalización expone que “para la adjudicación de las obras el criterio predominante fue la proposición económica, para la que el PCAP otorgaba una puntuación de 65 puntos a la media aritmética de las proposiciones presentadas. Determinada la media, las ofertas se valoraron conforme a una tabla basada en un algoritmo que asigna distintas penalizaciones en la puntuación otorgada conforme el precio ofertado se aleje del precio medio, ya sea al alza o la baja. Para la Cámara de Cuentas “la fórmula empleada no garantiza, de una manera razonable, que la importancia relativa concedida en el pliego a la oferta económica, en relación con los otros criterios de valoración previstos, sea totalmente efectiva, ya que no se está primando el factor económico”.

La fijación de un modelo de valoración que atribuye la puntuación máxima  a la oferta que se encuentre más próxima a la media aritmética de las ofertas económicas  “no satisface el principio de economía que había de presidir el criterio económico”, asegura.

También apunta que una de las modificaciones de la obra generó honorarios adicionales que supusieron en su conjunto para la redacción de proyecto, dirección de obra, estudio y coordinación de seguridad y salud, un incremento de un 44,94% (652.775,18 millones de euros), sobre  los honorarios del proyecto original.