Las promesas de PP y Vox para la inmigración en Almería: adiós a las clases de árabe, no más MENA y prioridad nacional
El acuerdo también recoge la verificación de edad de los imigrantes ilegales y la prohibición de burka y nicab en espacios públicos

Juanma Moreno y Manuel Gavira.
Los colegios almerienses que están adheridos al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí dejarán de estarlo en el curso académico 2027-28. Así se establece en el Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía que firmaron durante la tarde de este jueves Juanma Moreno y Manuel Gavira y que convirtió al líder del PP andaluz en presidente de la Junta a todos los efectos.
Este es uno de los diez puntos vinculados a la educación que recoge el documento, con hasta 150 medidas pactadas entre los dos ya socios de gobierno en la Junta de Andalucía, mientras que existen otros doce destinados exclusivamente a la inmigración.
En concreto, en lo referente a la lengua árabe, el texto subraya que la Junta de Andalucía "no renovará la adhesión al programa nacional que sirve de marco al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí", mientras que "velará por la convivencia en los centros educativos, así como por promover en ellos el aprendizaje y respeto a nuestros usos y costumbres".
"Mostramos un rechazo explícito a cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra autoridad", concluye el apartado. Este programa afectará a una treintena de centros educativos de la provincia en municipios como El Ejido, Almería capital, Níjar, Roquetas de Mar o Vícar.
Las promesas sobre inmigración
Uno de los puntos más extensos del documento en cuanto a la inmigración es el referente a los menores extranjeros no acompañados. En él, el acuerdo establece un "rechazo frontal" a la "política inmigratoria del Gobierno central" y a la "llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad" a Andalucía.
Para ello, la Junta se opondrá "por todos los medios legales, jurídicos y políticos" a la política del Gobierno y a cualquier "mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales". Asimismo, PP y Vox remarcan que el ente andaluz no "facilitará ni financiará" su entrada, acogida o permanencia en la región, y que se limitará a "cumplir el marco legal vigente en lo referido a las llegadas de inmigrantes ilegales a las costas andaluzas".
Por otra parte, el acuerdo especifica que Andalucía trabajará en un plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal. "Frente al Gobierno de Pedro Sánchez, que promueve la llegada masiva de menores ilegales mientras hipoteca el futuro de nuestros jóvenes, la Junta de Andalucía trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen", resume, a la vez que, dice, la Junta buscará "acuerdos con los países de origen que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos de los menores con sus padres".
Subvenciones a ONGs y burka
En la misma línea, la Junta, según el documento, no destinará "ni un solo euro público" a estructuras "que incentiven el efecto llamada". Por ello, PP y Vox prometen suprimir "todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos" con ONGs u otras entidades que "participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal" o que actúen "como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas".
Asimismo, y en el camino que varios ayuntamientos de la provincia han venido tomando en los últimos meses, el acuerdo establece la prohibición del burka y nicab en espacios públicos. "No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vilveran los valores de igualdad y dignidad", recalca, por lo que la Junta "prohibirá su uso", así como el de "cualquier prenda similar" que "oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos".
Prioridad nacional
Otro de los puntos destacables en cuanto a inmigración se refiere tiene que ver con las ayudas públicas. El él, PP y Vox establecen que el acceso a las mismas "se inspirará en el principio de prioridad nacional", por lo que se procurará la "asignación prioritaria" a quienes mantengan "arraigo real, duradero y verificable con el territorio".
Entre los requisitos, el acuerdo dictamina, entre otros, el "establecimiento de un periodo mínimo de arraigo y vinculación" o la "exclusión del acceso" a quienes se encuentren "en situación irregular", limitando su disponibilidad a supuestos de urgencia vital "exclusivamente". Los plazos para la ejecución de este punto se han fechado a los "primeros avances desde el inicio de la legislatura".
Los puntos sobre inmigración en el nuevo acuerdo de gobierno quedan de la siguiente manera:
- No más menores extranjeros no acompañados (MENA)
- Plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal
- Verificación de edad con los inmigrantes ilegales
- Auditoría anual de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva
- Supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal
- Endurecimiento del régimen interno de los centros de menores
- Prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas
- Adaptación del nuevo Reglamento Europeo de Retornos
- Prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos
- Creación de un servicio de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva
- Reforma del padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación ilegal
- Transparencia: publicación de estadísticas de procedimientos de expulsión por comisión de delitos