El Ayuntamiento de Adra ha solicitado al Gobierno de España que impulse la aprobación de una norma con rango de ley que regule las condiciones de identificación personal en edificios y dependencias públicas, permitiendo a las administraciones garantizar la seguridad de los empleados públicos y usuarios, prevenir situaciones de riesgo o suplantación de identidad y asegurar el correcto funcionamiento de los servicios públicos, todo ello con pleno respeto a los derechos fundamentales y conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. 

La propuesta, acordada y con los votos favorables del equipo de Gobierno del Partido Popular y VOX, ha salido adelante, con la abstención del PSOE y Plataforma por Adra.

Según el texto aprobado por el Pleno de la Corporación, la identificación visual del rostro resulta, en determinados servicios y trámites presenciales, un requisito funcional imprescindible, directamente vinculado a la verificación de la identidad del usuario, la prevención de suplantaciones, la seguridad de personas y bienes y el normal desenvolvimiento del servicio público. 

Regulación de prendas que dificulten la identificación visual

Es por ello que la utilización de prendas que cubren total o parcialmente el rostro, impide objetivamente dicha identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas.

Esta iniciativa se enmarca en una línea ya seguida por otros municipios de la provincia, como El Ejido, Níjar o Roquetas de Mar, cuyos plenos abordaron propuestas similares en fechas recientes. 

En el caso de Níjar, el 19 de febrero, el equipo de gobierno de PP y Vox sacó adelante una moción para impedir el acceso a dependencias municipales con prendas que oculten el rostro, argumentando, al igual que ahora, la necesidad de garantizar la identificación visual, la seguridad y el correcto funcionamiento de los servicios públicos. 

Por su parte, en Roquetas de Mar, el 12 de marzo, el Pleno aprobó con los votos favorables de PP y Vox una iniciativa para instar al Gobierno central a promover cambios legislativos en este ámbito, también apoyándose en motivos como la prevención de suplantaciones, la seguridad y la igualdad, mientras que la oposición cuestionó que se tratara de un problema real en el municipio.

En El Ejido, el 6 de marzo, el PP presentó su propia moción sobre el uso de burka y niqab en espacios públicos, adelantándose a VOX, aunque se esperaba que ambas formaciones apoyaran la medida; la iniciativa contaba con la garantía de salir adelante gracias a la mayoría absoluta del equipo de gobierno, subrayando nuevamente los mismos motivos de seguridad, identificación y operatividad de los servicios públicos.

Igualmente, la iniciativa aprobada incluye solicitar también al Gobierno de España la inclusión, en la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, de las modificaciones oportunas para facultar a los municipios a elaborar ordenanzas o protocolos que regulen el uso de elementos que impidan reconocer la identidad en espacios de titularidad pública, (como el burka o el niqab) con posibilidad de añadir un régimen sancionador.

Tal y como ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno, José Crespo, “las administraciones locales, actualmente, no tienen competencias para establecer medidas en este sentido”, por lo que “es necesario que, en aras de la seguridad colectiva, se promueva una ley que establezca criterios comunes en materia de identificación en edificios públicos para todas las administraciones”. 

Una normativa que, según ha indicado “debe asegurar el correcto funcionamiento de los servicios, al tiempo que respeta los derechos fundamentales y conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación”.