Las defensas de los imputados en el denominado Caso Facturas buscan amparo en la Audiencia Provincial de Almería. El juez instructor, Pedro García Fernández, ha desestimado todos los recursos presentados por las partes contra el cierre de las diligencias previas y ha obligado a los implicados a acudir a la apelación a la Audiencia, según confirman fuentes judiciales.

El titular del Juzgado de Instrucción número Seis de Almería (la investigación comenzó con el magistrado Luis Durbán) ha desestimado 12 recursos de reforma en un auto comunicado hace una semana. El juez ‘tumba’ los argumentos esgrimidos por la representación legal de Luis Pérez Montoya, ex vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería (PSOE), Francisco Javier Guerrero y Aristides Martos, administradores de Leitour Viajes, y María Teresa González, ex secretaria de la Patronato, entre otros imputados.

De forma simplificada, los recursos cuestionaban la necesidad de cerrar la instrucción en esta fase, cuando quedaban pendientes numerosas peticiones de prueba solicitadas por los imputados. Los letrados consideraban “prematuro” y “precipitado” el cierre de las diligencias previas acordado el 30 de mayo.

Indicios, no condenas Los abogados recibieron la decisión con cierto malestar y solicitaron el sobreseimiento del caso y, en su defecto, la realización de nuevas diligencias como pruebas caligráficas, declaraciones de testigos y la incorporación de documentos de gestión del Patronato de Turismo (el caso  cuestiona la facturación de proveedores entre 2007 y mediados de 2009).

El auto de Pedro García Fernández asegura que “se constata la indudable existencia de indicios de responsabilidad criminal, basados (...) en la abundante documentación aportada y las declaraciones de los imputados y testigos”. Admite que “no se afirma que  hayan cometido los hechos relatados”, pero sí la “existencia de indicios”.

Por tanto, ratifica la decisión firmada en mayo por Luis Durbán y conmina a las partes a ejercer su derecho de apelación ante la Audiencia Provincial de Almería (ya se han formalizado buena parte de los nuevos recursos, según fuentes judiciales consultadas por LA VOZ).

Las cifras

Después del último auto de imputación de tres empresas de transportes y servicios, la nómina de ‘señalados’ asciende ya a 24. El juez tomará testimonio a los administradores de estas últimas el próximo 26 de noviembre.La instrucción investiga un presunto fraude en el uso de los fondos del Patronato de Turismo, a través de una facturación ficticia y el disfrute de servicios privados con cargos a las arcas públicas de la Diputación de Almería hasta mediados de 2009. Luis Pérez  y Teresa González aparecen en el epicentro de la trama, según las diligencias.

La investigación detectó viajes facturados que nunca se realizaron y servicios contratados que disfrutaron familiares de trabajadores de la Diputación o personal ajeno a la institución. El supuesto desfalco total rondaría los 400.000 euros. La Audiencia Provincial de Almería tendrá que decidir ahora si obliga a retomar las diligencias o, por el contrario,  el asunto pasa a “fase intermedia”, una antesala del futuro juicio oral.