La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido que se eliminen los criterios de edad en los procesos en los que intervienenen menores y que se suponga a los menores capacidad suficiente para tener un juicio propio, salvo que un informe técnico del equipo psicosocial, adscrito al juzgado, acredite su falta de madurez. La Institución propone también que se facilite a los menores un abogado de oficio para que, con independencia de sus progenitores o tutores, puedan hacer valer sus opiniones en procesos que les afecten.

Entiende que “el abogado de oficio ayudaría a suplir algunas de las carencias detectadas en la información que se da a los menores y aseguraría la comunicación del menor con el juez y el fiscal”. Para los procesos de familia, la Institución pide que se pueda nombrar un defensor judicial cuando el fiscal y el menor discrepen sobre lo que conviene a su superior interés.

Becerril hizo estas recomendaciones cuando presentó en las Cortes el estudio La escucha y el interés superior del menor: Revisión judicial de medidas de protección y procesos de familia,  que analiza si los menores son adecuadamente escuchados en los procedimientos judiciales que les afectan, si sus opiniones se toman en cuenta y si se respeta su interés superior, como establece la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. En dicho documento hay 17 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Estado de Justicia y a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, analizando dos procesos concretos en los que puede haber menores implicados: los de oposición a medidas de protección (fundamentalmente sobre declaraciones de desamparo) y los de familia (separaciones y divorcios).

Una conclusión es que la legislación española contempla la fórmula “derecho a ser oído”, mientras que la Convención pone el acento en la “escucha”, concepto más exigente que implica que hay que justificar y razonar los motivos que llevan a apartarse de lo manifestado por el menor.