Como un particular ‘efecto mariposa’, el aleteo de una denuncia en una comisaría puede provocar un auténtico vendaval en los juzgados. La carga burocrática es enorme, aunque la entidad del caso no lo sea necesariamente, y un simple delito menor puede generar luego diligencias muy voluminosas en los órganos judiciales.

La Memoria Anual 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, presentada la semana pasada en Granada, describe esta carga en la jurisdicción penal. Según indica el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, el 40 por ciento del trabajo en los órganos de Instrucción, Primera Instancia, Penal y Menores es “improductivo e innecesario”. No vale para (casi) nada.

Se trata de asuntos penales sin autor conocido que llegan a los juzgados heridos de muerte. Según el estudio del TSJA, sólo en la capital almeriense se estima en unas 19.000 “las diligencias previas sobreseídas directamente con motivo de un atestado policial sin autor conocido”.

En buena medida se trata de asuntos menores, delitos y faltas, sin datos sobre el responsable. Se incluyen aquí denuncias por daños en el patrimonio destinadas al cobro de la póliza de los seguros, simulaciones de delitos y una larga lista de situaciones por las que es imposible conocer al responsable del hecho delictivo.

Sin embargo, el sistema penal obliga, por así decirlo, a activar todo el procedimiento con independencia del resultado final de las gestiones. La consecuencia es un gran volumen de trabajo condenado al fracaso, sin nadie a quien juzgar.

La crítica no es a la eficacia de las fuerzas de seguridad del Estado en el esclarecimiento de los delitos, cercana al 50 por ciento según los datos oficiales del Ministerio del Interior, sino a un sistema judicial improductivo desde la perspectiva de los profesionales del sector.

Soluciones

Lorenzo del Río reconoce que las estadísticas son una estimación porque no existe un indicador totalmente fiable sobre este fenómeno judicial. No obstante, el TSJA considera que el número diligencias sobreseídas en las provincias andaluzas “son cifras demasiado elocuentes (...) muy expresivas de la dimensión del problema planteado”.

Según la Memoria Anual 2013, las diligencias sin autor conocido “lastran el funcionamiento” de los juzgados de ámbito penal y detrae recursos para otras funciones. Para paliar esta situación sugiere dos soluciones directas.
En primer lugar, solicita la modificación legal que permita que “en los casos en que no existiere autor conocido, se remitiere el atestado únicamente al Ministerio Fiscal”. Cree que es una salida “de fácil plasmación parlamentaria en cualquier reforma legislativa”, pero lamenta que “sigue dormida”.

Y en segundo lugar, el TSJA propone archivar los atestados policiales en los Decanatos (órgano de reparto de asuntos) sin necesidad de pasarlos a los juzgados competentes hasta que exista un autor conocido. “Conservar en legajos las denuncias y/o atestados por hechos ilícitos sin autor conocido, que sólo darían lugar a la incoación de diligencias penales cuando existieran posibles responsables”, desarrolla el informa anual del TSJA. Ahora bien, estas modificaciones requieren también una mejora de los recursos informáticos de registro, archivo y comunicaciones, acorde al volumen de asuntos.

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