“Estamos en unos momentos en los que los ayuntamientos están casi perdidos porque hay tantas interpretaciones de esta reforma como secretarios e interventores hay en Andalucía”. Con estas palabras definía la situación actual de la Ley de Reforma de la Administración Local el director general de Administración Local, Francisco Javier Camacho, que inauguró unas jornadas orientativas sobre esta ley junta al representante de la Oficina de la Vicepresidencia, Rafael Salazar, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Sonia Ferrer, en la biblioteca Villaespesa.

El director general de la Admintración Local explicó a los 160 presentes, entre alcaldes, concejales, secretarios, interventores, técnicos y empleados municipales y de otras administraciones, que su interpretación es que “mientras el Tribunal Constitucional dilucida quién tiene razón, si el legislador básico o el autonómico, nosotros vamos a aplicar la legislación autonómica, y creemos que los ayuntamientos deben hacer lo mismo”.

Desde que entrara el vigor esta ley, numerosos han sido los conflictos a la hora de tomar decisiones de los distintos ayuntamientos. Por ello, el Gobierno andaluz ya recurrió ésta ante el Tribunal Constitucional.

Carta a Montoro

Francisco Javier Camacho esgrimió que le han enviado una carta al ministro Montoro en la que entre otras cosas se le pide una moratoria en esta ley. Mientras, la semana que viene habrá una reunión con el consejo de Concertación Local para parir y dar una resolución concreta a los ayuntamientos por el escrito, para que los servicios públicos “no se vean en este tsunami de inseguridad en el que estamos”, concluyó Camacho.

Colisión con la Constitución

La delegada del Gobierno por su parte, Sonia Ferrer, aclaró que estas jornadas pretenden aclarar las dudas que tienen los empleados y responsables municipales, especialmente, en los temas de financiación, competencias y de personal.

“Esta norma estatal colisiona con la Constitución Española, con el Estatuto de Autonomía, con la Carta Europea de Autonomía Local y con la Ley de Autonomía Local de Andalucía”, puntualizó la delegada del Gobierno, que añadió que en la provincia se perderán 4.000 empleos por esta ley.