Una investigación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, denominada Operación Track-Tráiler y centralizada en la Región de Murcia, ha destapado una fraude en cadena a empresas de transportes.

Cinco compañías almerienses dedicadas a los desplazamientos con productos hortofrutícolas y mobiliario están incluidas en la nómina de víctimas, una lista que asciende a 67 mercantiles perjudicadas. Las empresas almerienses están repartidas entre la capital y algunos municipios de la provincia, si bien sus actividades se realizan en el exterior.

Según informa el Ministerio del Interior, hay víctimas detectadas en Región de Murcia, Alicante, Valencia, Madrid, Barcelona, Gerona, Almería, Granada, Huelva, Navarra, Pontevedra y Lugo, así como en varios países europeos (Alemania, Italia, Rumanía, Bélgica, Francia, Suecia y Holanda).

El importe total del presunto fraude ronda los 700.000 euros. La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 26 personas, en una red tejida poco a poco desde el año 2011.
 
Empresas pantalla

Las estafas eran constantes, en pequeñas cantidades, entre decenas de empresas de transporte de toda índole. “Mediante empresas ‘pantallas’ se hacían cargo de las subcontratas del transporte internacional de mercancía por carretera”, señala Interior en una nota. “Formalizaban el transporte contratado mediante pagarés sin fondos o, sencillamente, obviaban el pago una vez materializada la entrega de mercancía”.

Los agentes han realizado ocho registros en oficinas y domicilios de Murcia y Cartagena. En estas localidades tenían su centro de operaciones. No se han producido detenidos en la provincia de Almería, según confirmaron fuentes oficiales de la Comisaría Provincial de la Policía.

A mediados de 2013, ambos cuerpos iniciaron sendas investigaciones a raíz de la recepción de varias denuncias relacionadas con supuestas estafas perpetradas por una mercantil del sector del transporte en la Región de Murcia, una circunstancia que originó la creación de un equipo conjunto de investigación entre agentes de ambos cuerpos especializados en materia de delincuencia económica.

Según indica Interior, “la cúpula de la organización criminal, conocedora de los procedimientos y características del sector, diseñó un entramado de empresas instrumentales para introducirse en el ciclo de subcontratación del transporte internacional de mercancía por carretera y así apropiarse del dinero que fluía en esta cadena, todo ello con una estudiada opacidad para dificultar su descubrimiento tanto por las víctimas como por los investigadores”.

La banda consiguió crear un camino de espinas para las víctimas. Cuando intentaban cobrar las cantidades pactadas se encontraban sin fondos. Luego, la empresa tenía su domicilio social en una vivienda vacía y, finalmente, el encargado de firmar como testaferro era un varón de 80 años de edad que ni siquiera sabía leer ni escribir. La red trataba de borrar su rastro tras conseguir cantidades como intermediarias en la subcontratación.