En 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó la derogación de la doctrina Parot, una decisión por la que se dejó en libertad a 78 presos -entre ellos violadores, pederastas, asesinos y terroristas- a los que se le había aplicado la ley.

En Almería, aquella resolución se materializó en la puesta en libertad de Ignacio Erro, miembro de ETA, quien salió de la prisión de El Acebuche una semana de noviembre como esta, hace ya doce años. Atrincherado por las cámaras y los micrófonos, su salida apareció en las pantallas de miles de hogares, donde el recuerdo, la ira y el dolor regresaron con fuerza.

La doctrina Parot, aplicada desde 2006 tras una sentencia del Tribunal Supremo contra el etarra Henri Parot -condenado a 4.800 años de prisión- había sido diseñada para impedir que el límite máximo legal de 30 años pudiera reducirse mediante beneficios penitenciarios como días de trabajo o la libertad condicional.

Su anulación no solo supuso un giro jurídico, sino un duro golpe emocional que atravesó a miles de españoles: familias de víctimas que habían creído cerrada una herida, supervivientes que revivieron la violencia y profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que habían arriesgado su vida para detenerlos y llevarlos ante la Justicia.

Fueron esos mismos agentes los que vivieron en primera línea los años más oscuros de la violencia, escoltaron coches bombas, recogieron esquirlas de metralla y dieron el pésame a las familias de sus compañeros. Manuel Mayo fue uno de aquellos policías nacionales destinados al País Vasco durante los llamados 'años de plomo', una década que concentró el mayor número de atentados y asesinatos. Hoy, echa la vista atrás.

Un noviembre implacable

"Me pareció fatal, porque yo soy de los que ni perdono ni olvido". No titubea, sentencia. Reflejan una seguridad y unos principios inquebrantables. Una respuesta clara ante una pregunta difícil: "¿Qué sentiste cuando se hizo pública la derogación de la Doctrina Parot?". 

En noviembre de 2013, momento de la decisión del Tribunal de Estrasburgo, Mayo se encontraba destinado en Madrid, en la Secretaría de Estado de Seguridad. Atrás quedaban sus años de tensión y alerta permanente. O eso pensaba él. Lo cierto es que aún hoy en día se sorprende a sí mismo vigilando la calle antes de salir de su casa o revisando el bajo de su coche por si hay una bomba escondida para él. Se trata del 'síndrome del Norte', un estrés postraumático que lo persigue desde entonces.

Son los recuerdos -y la tristeza que arrastran- los que le impiden aceptar sin heridas aquella decisión del tribunal europeo. Y, sin embargo, se mantiene firme, entero y fiel al juramento que un día hizo ante la bandera. No esconde su frustración ante la liberación de los presos, pero tampoco su lealtad al Estado de derecho: "Recuerdo que pensé: 'Habrá que acatar lo que dice la ley, porque ese es mi trabajo y eso es lo que juré cuando entré a la Policía: cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución".

Su tono de voz revela el conflicto moral que afectó a tantos compañeros de oficio; un reflejo de la visión de quien ha perdido a tantos amigos de la noche a la mañana: "Ninguno de los compañeros con los que hablé del asunto está de acuerdo. Lo asumimos, pero no nos hizo gracia". 

Si bien no fue lo habitual, sí hubo contados violadores que reincidieron en el delito una vez libres, lo que avivó el debate social. En el caso que nos ocupa, no obstante, ETA había anunciado el cese de su actividad dos años antes de que se derogase la doctrina. Y, sin embargo, cuando el 26 de noviembre la cárcel almeriense abrió las puertas a Ignacio Erro, condenado a 947 años, 9 meses y 14 días -en teoría, porque tan solo cumplió veintiséis-, Mayo no pudo evitar ponerse en los zapatos de las víctimas: "Me imaginé lo que pensarían las familias: han matado a mi hijo y encima les sale 'gratis'". 

El caso de Pompeyo Miranda, el almeriense condenado en Bolivia a 45 años de prisión por asesinar -en un acto de violencia de género- a su pareja y a un compañero de celda, ilustra otra de las consecuencias de la derogación de la doctrina Parot. Tras cumplir más de dos décadas en la cárcel, Miranda salió en libertad un 14 de noviembre, después de que la Audiencia Nacional avalara la nulidad de la ley.

El recuerdo como justicia poética

La derogación de la doctrina Parot no solo reabrió un debate jurídico y político, sino también un proceso emocional complejo para quienes estuvieron implicados directamente en aquellos años. Tal como explica la psicóloga almeriense Rocío Campos, la liberación de un agresor puede provocar "una reactivación de la sintomatología del estrés postraumático", con hipervigilancia, pesadillas o recuerdos intrusivos, y una notable disminución de la sensación de seguridad. Un patrón clínicamente descrito, especialmente cuando el trauma no ha podido integrarse por completo, que subraya la importancia del apoyo terapéutico y de redes de apoyo sólidas. 

Hoy, con la distancia del tiempo, el policía almeriense insiste en que el debate no debería perderse en el ruido político ni en el olvido. "No fue hace tanto", recuerda. Y esa frase basta para recordar que la memoria, más que la venganza o el resentimiento, sigue siendo la mejor herramienta para construir un país que aprenda de su propia historia y que no vuelva a repetirla.