“He sacado un ocho, la nota más alta que he tenido nunca en unas oposiciones… y me han puesto un cuatro”. "La mayoría que se han tumbado son de notables altos y sobresalientes, ya que a más escribir más posibilidades tienes de equivocarte", así lo explican los opositores.

La frase se repite, de forma casi calcada, entre decenas de aspirantes andaluces que han participado este junio en el proceso de acceso a la función docente, tanto en Primaria como en Secundaria.

A lo largo de toda Andalucía, cientos de opositores están viendo cómo sus exámenes escritos son invalidados automáticamente por un número determinado de faltas de ortografía, aplicadas con un criterio que consideran confuso, desigual y en muchos casos erróneo. Una palabra sin tilde, una letra suelta, unas comillas mal cerradas o un término en minúscula han supuesto en algunos casos la anulación de pruebas que, de contenido, estaban valoradas con sobresalientes.

Solo 14 aprobados de 90

En uno de los tribunales de Almería de 90 aspirantes, solo 14 han superado la primera parte. Las calificaciones globales eran buenas, pero muchos exámenes han sido invalidados por superar el límite de faltas ortográficas según la normativa, aunque en muchos casos los errores detectados no se corresponden con faltas reales, sino con erratas o decisiones estilísticas que difieren según el tribunal.

En el caso de la especialidad de Música, en la provincia de Almería, en uno de los tribunales —el número 3— El caso ha motivado que estos opositores, se hayan coordinado para presentar una denuncia colectiva. A través de un escrito conjunto dirigido a la Delegación Territorial, donde relatan una serie de irregularidades y piden que se revisen las calificaciones. Lo hacen no solo por ellos, sino por todos los compañeros en situaciones similares, en otras provincias y especialidades.

¿Qué cuenta como “falta”? ¿Y quién lo decide?

Según la normativa vigente, se invalida cualquier examen escrito que contenga cinco o más faltas de ortografía. Pero ¿Qué es una falta?

Ahí empieza el problema. Muchos tribunales han considerado como tales: Un acento olvidado en una palabra escrita correctamente en el resto del texto; Una palabra con una letra omitida al escribir rápido; Unas comillas no cerradas; Palabras con duda estilística (como nombres históricos sin mayúscula); Repeticiones que en otras ocasiones se han valorado como correctas.

Los afectados denuncian que algunos tribunales han tenido una interpretación extremadamente estricta que no ha seguido los criterios de la Real Academia Española (RAE), la cual distingue entre errata y falta de ortografía.

El caso de Lorena: una maestra con dislexia

Lorena es de Jaén y opositora al cuerpo de Maestros en la especialidad de Educación Especial. Su historia se ha convertido en símbolo de este problema y se ha viralizado a través de redes sociales. 

Lorena descubrió que tenía dislexia mientras estudiaba la carrera, durante una asignatura de dificultades de aprendizaje. A partir de ahí, empezó a comprender por qué leer o escribir le resultaba más complejo que al resto.

Con diagnóstico de dislexia y TDA, ha intentado pedir adaptaciones razonables a lo largo de todo su recorrido académico y opositor. En la universidad no pudo obtener apoyos porque el diagnóstico llegó tarde. 

En el proceso de oposiciones, tampoco, “me dijeron que si no tenía un 33% de discapacidad reconocida, no podían hacer nada.”

El día que conoció la nota de su examen de oposición, recibió un golpe doble: había sacado buena puntuación de contenido, pero el examen estaba invalidado por faltas ortográficas.

“Fui a la revisión y ni siquiera discutí las faltas. Las asumí. Pero lo que pedí fue ayuda, visibilidad. Y me dijeron, una vez más: ‘no podemos hacer nada’.”

Aunque el suyo es un caso específico por la dislexia, centenares de aspirantes se han visto reflejados en su experiencia: personas sin diagnóstico que, tras meses de estudio, han sido expulsadas del proceso por un par de tildes o erratas tras más de cuatro horas de escritura. 

No admiten alegaciones

Uno de los elementos de la especialidad de Música denunciados por los aspirantes es que el tribunal les comunicó verbalmente que no aceptarían más alegaciones, incluso antes de que se cierre el plazo oficial para presentarlas. 

En el caso del tribunal de Música en Almería, el 4 de julio se publicó ya la lista definitiva de quienes pasarán a la siguiente fase, sin esperar el cierre del plazo de reclamaciones.

La normativa andaluza permite que los aspirantes aleguen por “error material”. Y también recoge que deben poder revisar sus exámenes y obtener copia del documento de evaluación. Pero en la práctica, los aspirantes denuncian que esto no se está respetando, y que no se están trasladando a la Comisión de Selección los casos en los que se presentan pruebas claras de interpretación incorrecta.

Lo que piden

Los aspirantes, en sus escritos individuales —y colectivos en el caso de la especialidad de Música en Almería— reclaman lo siguiente: Que no se cuenten como faltas ortográficas errores que no lo son, de acuerdo con los criterios lingüísticos oficiales. 

Que se valore la proporcionalidad: no puede valer lo mismo una errata que una falta gramatical reiterada. Que se atiendan las alegaciones y que, si hay dudas, se remitan a la Comisión de Selección. 

Que se permita a los opositores seguir adelante con el proceso si el contenido del examen ha sido suficiente, como ha ocurrido en otros tribunales de la misma especialidad.

¿Y ahora qué?

Para muchos, el fondo del asunto es una cuestión de justicia y de sentido común. Una errata o una tilde no puede anular todo un año de esfuerzo, sacrificio y estudio, y menos si el contenido del examen está bien. 

“No pedimos que se regale nada. Solo que no se castigue a la gente preparada por una falta de estilo o un despiste.”. “Escribí una palabra bien 10 veces, pero una vez se me pasó la tilde. Me contaron esa como falta.”. “Esto no es una oposición de ortografía, sino de conocimiento pedagógico. Y eso es lo que deberían valorar.”

La sensación general entre los afectados es de desamparo, impotencia y profunda frustración. Tras meses —e incluso años— de estudio, renuncias personales y sacrificios, muchos se ven expulsados del proceso no por no saber, sino por un criterio que consideran arbitrario, excesivo y desigual.

Muchos de ellos no saben si volverán a intentarlo. Otros aseguran que lo harán, pero ya no con ilusión, sino por inercia. Lo que todos comparten es una misma herida: la de haber hecho un buen examen y no haber sido evaluados justamente. Y sobre todo, la de sentir que el esfuerzo, esta vez, no ha tenido valor.