El 10 de octubre de 2019, una desorientada Ana María Baños se presentó en la casa de una conocida en la pedanía ejidense de Las Norias de Daza. En el asiento del copiloto de su coche yacía el cuerpo sin vida de su propio hijo, el pequeño Sergio Fernández de siete años de edad.

El caso generó un enorme revuelo. El padre llevaba meses luchando por la custodia del niño, con evidencias de desatención, pero había chocado de manera repetida con la burocracia de las administraciones. La madre desoía el régimen de visitas y acosaba a Sergio Fernández padre y a su familia.

El 4 de octubre de 2019, la mujer compareció en una vista en el Juzgado de Violencia de Género de Almería (había denunciado falsamente a su ex pareja) para estudiar un cambio en el régimen de visitas. Unos días después supo que perdía la custodia. El 10 de octubre, asfixió a su propio hijo con el cinturón de una bata, metió el cuerpo en el coche y trató de encontrar refugio en la casa de una conocida, que alertó a la Guardia Civil de inmediato.

Más de tres años después de aquel episodio, Sergio Fernández, representado por Antonia Castillo, continúa con su batalla legal para reclamar responsabilidades. Ana María Baños fue condenado el 2021 a prisión permanente revisable por el asesinato del pequeño, pero el padre va más allá y exige respuestas de las Administraciones.
Según fuentes jurídicas,  el padre ha iniciado acciones legales contra las entidades implicadas en la protección del pequeño que, a su juicio, desatendieron sus responsabilidades y actuaron de manera negligente.

Sergio Fernández solicita una indemnización de más de 250.000 euros a la Diputación Provincial de Almería por “el desamparo” sufrido por el menor durante los meses previos al crimen, a pesar de la insistencia de la familia paterna en las peticiones de ayuda.

La reclamación se dirige contra la Diputación por la gestión del Servicio Provincial de Servicios Sociales y Comunitarios, según detalla una resolución del Consejo Consultivo, y también contra la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Además, según ha confirmado la abogada Antonia Castillo, se espera todavía la decisión de la Audiencia Nacional sobre la demanda interpuesta por Sergio Fernández contra la actuación desarrollada por la Guardia Civil. “Al padre no le mueve el dinero, solo quiere que esto no le vuelva a pasar a ningún niño ni a ninguna familia”, ha subrayado la letrado.

“Capotazos”

Fernández compareció muy emocionado en rueda de prensa unos días después del crimen para anunciar que iniciaría todas estas reclamaciones contra las Administraciones Públicas, en procesos paralelos a la causa por asesinato que acabó con Baños condenado a cadena perpetua.

El padre resumió de manera sencilla la “frustración” y el “desamparo” que sintió tras decenas de denuncias sobre la situación de su hijo.  “El mismo día que lo mató, el día 10 por la mañana, fui a preguntar por el estado del informe que se les había encargado en junio a raíz de una actuación de la Guardia Civil sobre cómo estaba mi hijo, sin ir al colegio, sin alimentarse bien, sin atención por parte de su madre, y no había nada. Se dedicaron a darme capotazos y a decirme que tenían casos más graves que el mío”, lamentó en una comparecencia en el municipio de Alcolea.

“Me decían que con la denuncia que me habían puesto por malos tratos, de la que fui absuelto, tenía que guardarme porque ella podía denunciarme a mi y si lo hacía, dormía en el cuartel y no le servía de nada a mi hijo”, añadió. “Cuando se denuncia, ante la Guardia Civil o ante el juzgado de guardia, máxime con un menor, qué menos que se investigue. Menores también se inhibió porque el niño no estaba en desamparo, porque tenía un padre pero ¿para qué? Para poner una denuncia y tener que quedarme al margen”.