El recuerdo de la pandemia es cada vez más lejano para los juzgados y tribunales de la provincia de Almería. Los órganos recuperan los niveles de litigiosidad previos a la irrupción del coronavirus y regresan a las trincheras habituales de los asuntos pendientes, los tiempos de respuesta y la necesidad de nuevos recursos personales y materiales.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía presentó este miércoles la Memoria Anual 2021 con un análisis pormenorizado de la situación del sector. El informe subraya que se recupera “el volumen de litigiosidad previa a la pandemia” y se mantienen males endémicos.

La institución presidida por el magistrado Lorenzo del Río asegura que “los tribunales andaluces no pueden disminuir el volumen de asuntos pendientes y mejorar los tiempos de respuesta”. “Es difícil, por no decir imposible, acabar con la pendencia existente en los órganos judiciales andaluces con los actuales recursos personales y defectuoso sistema organizativo”, lamenta.

El TSJA valora positivamente el plan especial de refuerzo impulsado por la Junta de Andalucía en marzo (23 semanas de duración), aunque asegura que no consideramos que haya incidido sensiblemente y por igual en la tasa de congestión de todos los partidos judiciales, pues ello habría exigido duplicar señalamientos, contar con más salas de vistas, mejores medios telemáticos, etc.”.

La situación tiene una traducción directa en cifras en la provincia de Almería. La Audiencia Provincial de Almería mantiene su capacidad de resolución en el ámbito penal entre uno y cuatro meses, gracias a “una plantilla equilibrada”, según el estudio.

Sin embargo, la Sección Primera (jurisdicción civil) tarda 12 meses en resolver de media y registra un 10 por ciento de aumento en los asuntos pendientes en 2021. “Se resuelven menos asuntos de los que se ingresan, alcanzando la cifra de 2.263 asuntos civiles”.

Del mismo modo, los órganos unipersonales también muestras problemas prolongados en el tiempo. Los Juzgados de lo Social de Almería tiene la media más alta de asuntos por órgano de toda Andalucía, con más de 1.400 procesos. Es casi el doble de procedimientos aconsejado.

Más órganos

Para paliar estos problemas, Lorenzo del Río ofrece una larga lista de peticiones a las administraciones. “Todos los análisis detectan problemas de institucionalidad y gobernanza, siendo necesario modificar radicalmente su organización para adaptarla a las nuevas realidades y conflictos, al tiempo que perfeccionar la gestión de los medios personales y materiales, mejorando los mecanismos e instrumentos de evaluación y rendición de cuentas ante la sociedad”.

La propuesta de creación de nuevos juzgados incluye una nueva plaza de magistrados para la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Almería, dos Juzgados de Primera Instancia en la capital, un órgano más para Vera, Berja y Roquetas de Mar, dos juzgados de lo Penal y un juzgado de lo Social.

También hay peticiones a la Junta de Andalucía sobre la necesidad de mejoras en las infraestructuras. “El partido más deficitario es Huércal-Overa”, señala el TSJA. El gobierno socialista anunció la unificación de los tres juzgados, ahora divididos en dos sedes (una en propiedad y otra alquilada). El Gobierno del PP y Ciudadanos no ha avanzado a pesar de los tres años de gestión. “Tras insistir durante años (...) se continúa a la espera de que se ejecuten las obras en la parcela que se encuentra en la zona conocida como Noria del Pino”.

También las sedes de Roquetas de Mar y Vera presentan “importantes deficiencias como para poder afirmar que cumplen los requisitos necesarios para prestar un servicio digno”. El TSJA tiene pocas esperanzas de una solución a corto plazo. “En ambos casos, las posibilidades de construir un nuevo edificio judicial están sobre la mesa pero en un plazo temporal más amplio”, recoge Lorenzo del Río en la Memoria 2021 presentada este miércoles.

Por otra parte, el Alto Tribunal reitera sus quejas sobre aspectos como el control de horario. “No es suficiente ni efectivo el sistema Hermes, pues se trata de un sistema informático de control más aparente que real”. “El control externo del horario, a través de los datos que reporta ese sistema, es casi inexistente o no produce consecuencias cuando detecta irregularidades”, señala el TSJA en alusión a los trabajadores.