A la espera de la sentencia del llamado Caso Facturas, cerrado el pasado lunes tras un mes de sesiones, la Audiencia Provincial de Almería pone en marcha un nuevo juicio por una presunta malversación de fondos públicos. Un jurado popular compuesto por siete hombres y dos mujeres estudia la desaparición de 246.000 euros en la Delegación Territorial de Medio Ambiente entre los años 2009 y 2011, en un proceso conocido como Caso Cheques.

M. G., responsable del área de gestión económica, se sienta en el banquillo como único acusado. El funcionario declaró su inocencia en la primera jornada de juicio oral celebrada este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería y señaló directamente a los responsables políticos de la Junta de Andalucía. “Yo no me he llevado ni un duro ni he falsificado ningún talón, pregunten al secretario y al delegado qué hicieron con eso (el dinero)”, concluyó su declaración ante el letrado de la defensa, el penalista Francisco Torres.

La Fiscalía pide ocho años de prisión para M. G. por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Se le acusa de retirar cantidades de una cuenta de la Junta de Andalucía en el BBVA destinada a la recepción de las tasas de actividades en montes públicos de la provincia de Almería.

Esta cuenta bancaria se creó en los años noventa y carecía de una estrecha fiscalización por parte de la Intervención. Estos fondos solo podían revertirse en el mantenimiento de los montes públicos. José Manuel Ortiz Bono, ex delegado de Medio Ambiente (ahora en Agricultura), denunció la desaparición de casi 300.000 euros de la cuenta en enero de 2013. El montante, según la acusación, se retiró en  una oficina de la calle General Tamayo en dos etapas en 2009 (49 cheques) y en  2011-2012 (39 cheques).

De forma simplificada, el acusado M. G. asegura que firmó los cheques como habilitado en la primera tanda a petición de los responsables políticos, sin que existiera lucro por su parte, y niega tajantemente el cobro de los cheques del segundo periodo investigado. Sobre el primer bloque subrayó su condición de subordinado en la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. “Yo no tenía ningún tipo de poder decisorio”, afirmó. “Era una cuenta mancomunada y necesitaba la firma del delegado (...) yo expedía el talón y se lo daba para que lo firmara”, señaló M. G. en alusión a Clemente García.

El ex delegado de Medio Ambiente fue imputado inicialmente en el Caso Cheques y sancionado por el Tribunal de Cuentas, aunque el Juzgado de Instrucción numero Uno de Almería decidió finalmente archivar el procedimiento en su contra. Este jueves Clemente García prestará declaración como testigo en el juicio que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería.

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Por otra parte, M. G. incidió en la desviación de 41.000 euros de la cuenta de aprovechamiento de montes públicos para el pago de publicidad en un diario de prensa local. Según el relato del acusado, García ordenó el pago a pesar de las restricciones presupuestarias que impedían nuevos contratos en los medios de comunicación.

“Me dijo que había adquirido fuertes compromisos con una campaña de publicidad y que se iban a pagar de la cuenta de aprovechamiento”, aseveró M. G. “Se utilizó la cuenta saltándose los protocolos de la Junta de Andalucía porque no se tenía dinero para publicidad”, añadió el letrado Francisco Torres.

En las próximas vistas, M. G. tendrá que enfrentar su versión a la ofrecida por personal del banco que, según declaró, entregó cantidades económicas a M. G. por la existencia de “cierta confianza”. El BBVA está acusado como responsable civil subsidiario por presuntamente entregar cantidades a M. G. sin firma ni DNI. El banco admitió ante el jurado “un error humano” impulsado por “la confianza” en el funcionario, aunque acusó a la Junta de una “negligencia” en el seguimiento y protección de la mencionada cuenta.