La Junta de Andalucía quiere solucionar el conflicto de la adjudicación de los comedores escolares antes del mes de septiembre. El contrato quedó paralizado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales tras las alegaciones de la asociación El Saliente de Almería, excluida de un proceso de adjudicación para cinco centros.

Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente autonómico y consejero de la Presidencia, aseguró ayer tras la reunión del Consejo de Gobierno que “la Junta de Andalucía pondrá todos los medios a su alcance para solucionarlo con la mayor brevedad”.

La Administración quiere llegar a tiempo al inicio del curso y evitar un caos generalizado en este servicio básico porque, aunque El Saliente solo concurría a cinco centros, el Tribunal paralizó todos los lotes (más de un centenar de la convocatoria regional).

“No hay razones para que prospere el recurso interpuesto, tras las explicaciones que lógicamente hemos recibido, pero en cualquier caso la idea es facilitar durante este mes la resolución de este conflicto para que en tiempo y forma comiencen los comedores escolares”, señaló el vicepresidente en respuesta a los periodistas en Sevilla.

Medida cautelar
Jiménez Barrios se mostró confiado en sortear el obstáculo legal. “Estamos en un estado de derecho y, por tanto, cualquiera que entienda que pueden lesionarse sus derechos en un asunto que le preocupe puede recurrir a los diferentes tribunales creados al efecto”, indicó. “Vamos a contribuir entre todos a que puede resolverse lo más rápido posible y para que los comedores comiencen en adecuado funcionamiento en el mes de septiembre”, añadió el portavoz del Gobierno andaluz.

La denuncia de El Saliente y la decisión del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha provocado una amplia onda expansiva. La adjudicación de los comedores afecta a más de 500 centros de la comunidad autónoma, esto es, casi 60.000 usuarios diarios.

Según la resolución citada por Europa Press, la oferta es única y “no es posible su tramitación separada en función de los distintos lotes en los que se haya fraccionado el objeto del contrato”, por lo que la medida cautelar afecta al procedimiento “como un todo unitario, sin posibilidad de distinguir entre lotes”.

La paralización de la adjudicación es una medida cautelar. La Junta de Andalucía confia en superar el trámite y retomar el proceso sin mayores incidencias para el inicio del curso escolar 2017-2018. El Saliente alegó que fue excluido del proceso de licitación del contrato de comedores.