La propuesta de la Comisión Europea sobre el etiquetado de las frutas y hortalizas cultivadas en el Sáhara Occidental salvó las objeciones presentadas en la Eurocámara por el Partido Popular Europeo y por Patriotas por Europa. Las consecuencias han despertado un rechazo unánime por la inmensa mayoría de organizaciones agrarias y sectoriales a nivel europeo y, por supuesto, español. La dispersión del voto respecto a dichas objeciones dentro de los grupos políticos de la Eurocámara ha suscitado reflexiones contundentes respecto a los intereses del sector hortofrutícola español, que pueden sintetizarse en las declaraciones al respecto de la eurodiputada popular española Carmen Crespo, quien calificó de “deslealtad” la falta de apoyo unánime de los socialistas españoles a la objeción presentada por el PPE en el Pleno del Parlamento Europeo. El propósito de dicha objeción era, según fuentes del grupo parlamentario, “frenar la lesiva modificación del etiquetado en el Acuerdo de Marruecos”. Para Crespo “una vez más el Gobierno de España y sus eurodiputados le dan la espalda a los agricultores españoles". La eurodiputada y exconsejera andaluza de Agricultura, ha asegurado que los parlamentarios socialistas españoles han votado pensando más en sus intereses políticos y partidistas que en los del sector agrícola español aquejado, desde hace muchos años, de una competencia desleal por las importaciones de Marruecos que ha llevado a los agricultores españoles a perder más del 50% de la cuota de mercado”. Crespo ha pedido una explicación sobre esta cuestión al ministro Luis Planas sobre lo que considera "una traición al campo español".

Las reacciones no se han hecho esperar. En una comunicación remitida al día siguiente de la votación FEPEX lamenta la entrada en vigor de “la modificación planteada por la Comisión Europea al Reglamento delegado 2023/24293 sobre normas de comercialización de frutas y hortalizas, modificación que autorizará a que las producciones procedentes del Sahara Occidental no lleven el indicativo de origen de este territorio no autónomo colonizado por Marruecos y se etiqueten con el nombre de las regiones de procedencia, de manera contraria al fallo de la sentencia del TJUE y la normativa comunitaria de etiquetado que exige que aparezca el país de origen. Marruecos además será el encargado de emitir los certificados de conformidad de estos productos con las normas de la UE, sin supervisión comunitaria, lo cual supone una cesión de competencias”.

ASAJA, por su parte, considera esta decisión como “una grave amenaza para el sector agrícola español y europeo, que queda expuesto a la entrada de productos importados sin las garantías legales, sociales o medioambientales que sí cumplen nuestros agricultores”. La organización agraria precisaba al respecto que la propuesta de la Comisión Europea atenta contra la transparencia del mercado, además de favorecer “ importaciones que generan competencia desleal, comprometiendo los estándares del sector y debilitando la posición de los agricultores europeos frente a competidores con normas más laxas”.

La propuesta rechazada buscaba proteger la legalidad europea y la, garantizando que los productos del Sáhara Occidental no pudieran presentarse como originarios de Marruecos sin cobertura jurídica. Su bloqueo favorece importaciones que generan competencia desleal, comprometiendo los estándares del sector y debilitando la posición de los agricultores europeos frente a competidores con normas más laxas.

Además, ASAJA recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, y que cualquier medida comercial debe respetar estrictamente las sentencias vigentes. Este rechazo ignora la jurisprudencia del TJUE y pone en riesgo la seguridad jurídica del mercado único.

ASAJA también denuncia “que este rechazo no es un simple desacuerdo parlamentario, sino un ataque directo a la igualdad de condiciones y a los intereses del agricultor profesional europeo”.

COAG también ha dejado patente su disconformidad que supone. “una grave amenaza para el sector agrícola español y europeo y que también perjudica a los consumidores, permitiendo un etiquetado que oculta el país de origen y sienta un grave presente, abriendo la puerta a demandas de otros países”.

En las misma línea se han expresado organizaciones y entidades europeas como COPA-COGECA, la Asociación Europea de Frutas y Hortalizas (EUCOFEL) y la Asamblea de Regiones Hortícolas de Europa (AREFLH).