Bruselas ha dado un paso decisivo en defensa del campo europeo. Los negociadores del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo histórico para frenar las prácticas comerciales desleales que sufren los agricultores y pequeños productores a manos de grandes compradores y cadenas minoristas.

El nuevo marco convertirá en obligatoria la cooperación entre las autoridades nacionales, que deberán actuar de oficio —sin necesidad de denuncia previa— para prevenir, investigar y sancionar los abusos comerciales transfronterizos. Por primera vez, los Estados miembros estarán llamados a detener estas prácticas por iniciativa propia, compartiendo información y coordinando respuestas frente a los infractores.

La medida amplía además la protección más allá de las fronteras comunitarias. Los compradores con sede en terceros países estarán sujetos a las mismas obligaciones y deberán designar un representante en la UE que responda ante las investigaciones. De este modo, se cierra la puerta a quienes intentan eludir la ley trasladando su domicilio fuera del territorio europeo.

El ponente del acuerdo, Stefano Bonaccini, lo definió como “un acto de justicia económica y social”, subrayando que Europa elige ponerse del lado de quienes más lo necesitan: los agricultores y pequeños productores que sostienen la cadena alimentaria.

Con este pacto, la Unión Europea reequilibra el poder en el mercado agroalimentario y consolida un principio esencial: el trabajo de quienes producen nuestros alimentos merece respeto, justicia y una remuneración digna.

Las nuevas normas entrarán en vigor tras su aprobación formal por el Consejo y el Parlamento Europeo, y serán aplicables a los 18 meses de su publicación en el Diario Oficial de la UE.