La Audiencia Nacional (AN) ha anulado la rectificación del deslinde que el Ministerio para la Transición Ecológica realizó en abril de 2024 en Los Escullos, en Níjar, para incorporar al dominio público marítimo-terrestre una finca de 5,69 hectáreas al hacerlo sin "respaldo legal" por carecer de un expediente formal de afectación y pretender extender a todo el terreno una adscripción histórica restringida a una antigua casa-cuartel de la Guardia Civil.

El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press y contra el que cabe recurso de casación, estima íntegramente el recurso de uno de los ocupantes que se ha visto afectado por el deslinde, ya que su terreno quedaba rodeado por el dominio público marítimo-terrestre "acarreando esto indudables restricciones", según reconoce el tribunal.

La Sala de lo Contencioso-administrativo reconoce los argumentos esgrimidos por el letrado Luis Góngora Carmona, de Crealia Abogados, para anular la rectificación del deslinde original, que se aprobó en 1966 y que afecta a un tramo de costa en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar de 679 metros, a la hora de incorporar nuevos suelos.

El tribunal reconoce que la rectificación del deslinde se realizó sin tramitar un expediente formal de afectación sobre la finca, conforme exige la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Dicho expediente, además, debía contar con la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda, de modo que sin su resolución, la inclusión de los suelos en el dominio público carece de base legal.

El Ministerio para la Transición Ecológica evitó este paso al dar por sentado que la finca había quedado integrada previamente, en los años 90, cuando la Dirección General de Patrimonio del Estado adscribió la antigua casa cuartel de la Guardia Civil que se sitúa sobre el terreno al Servicio de Costas.

Dicha afectación, según entendía el Ministerio, abarcaba la totalidad del espacio, es decir, no solo al edificio -que no quedó segregado- sino las 5,69 hectáreas en las que, además, se ubican otros elementos patrimoniales como el Castillo de San Felipe, las construcciones que forman la barriada de Los Escullos y un pozo para el abasto de agua.

Sin embargo, la Audiencia Nacional desmonta dicho planteamiento y concluye que la falta de segregación registral del inmueble no convierte automáticamente toda la finca matriz en la que se asienta a una zona de dominio público marítimo-terrreste.

Asimismo, pudo comprobar que los expedientes tramitados entre 1991 y 1992, que tenían como objetivo que la casa-cuartel pudiera cederse a la Junta de Andalucía y destinarse a dar servicios al parque natural, se referían exclusivamente a los 4.950 metros cuadrados que ocupa el edificio.

"Si bien es cierto que no se segregó de la finca registral el espacio ocupado por el inmueble -el antiguo cuartel de Los Escullos-, esto no permite entender que fuera la finca registral completa afectada al dominio público marítimo-terrestre", apunta el tribunal.

De este modo, incorporar el resto de las 5,69 hectáreas exige necesariamente un expediente formal de afectación dictado por el Ministerio de Hacienda, si bien este nunca llegó a tramitarse. "Lo suyo era, una vez aprobada la afectación, haber procedido a la segregación de la finca a los efectos de inscripción en el Registro de la Propiedad", concluye la Sala.

Si bien el Ministerio inició el expediente para ajustar el deslinde a un tramo de costa de casi 700 metros, desde la administración se señaló la intención de desafectar gran parte de la zona con edificaciones, la mayoría por superficie ocupada de uso turístico-hostelero, al creer que no era necesaria su protección debido a su "grado de antropización".

En esta línea, reducía el deslinde a un acto administrativo formal que tenía como objetivo dar cumplimiento a la Ley de Costas, "que obliga a deslindar el dominio público en toda la costa", así como avanzar en el deslinde de la franja litoral del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.