La investigación abierta de oficio por la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía tras una denuncia anónima sobre el trato dispensado a menores extranjeros no acompañados en Almería concluye que las largas esperas sufridas por estos jóvenes no obedecían únicamente a retrasos hospitalarios, sino principalmente a deficiencias de coordinación entre las administraciones implicadas en el proceso de determinación de edad.

La institución ha dado por cerrada la actuación al considerar que la situación se encuentra "en vías de solución", después de que la Delegación Territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía haya comunicado la puesta en marcha de un nuevo protocolo de coordinación con la Fiscalía de Menores y las fuerzas de seguridad para que estos menores reciban protección inmediata desde el momento de su localización y no una vez determinada oficialmente su edad.

La actuación del Defensor del Pueblo Andaluz se inició tras recibir un correo electrónico anónimo en el que se denunciaba que menores extranjeros indocumentados localizados durante la noche debían esperar hasta la mañana siguiente para que un radiólogo emitiera el informe que acreditaba su minoría de edad. Durante esas horas permanecían en el Hospital Universitario Torrecárdenas o en dependencias policiales, llegando en algunos casos, según la denuncia, a pasar hasta diez horas sentados en una silla de plástico.

En un primer momento, la Defensoría abrió una investigación de oficio por la gravedad de los hechos y solicitó explicaciones al Hospital Torrecárdenas. La dirección del centro respondió que durante las guardias nocturnas los especialistas en Radiodiagnóstico priorizan las urgencias médicas que requieren decisiones clínicas inmediatas, circunstancia que justificaba los retrasos en la elaboración de los informes de determinación de edad.

Sin cita previa

Sin embargo, tras analizar esa respuesta, el Defensor concluyó que el origen de las incidencias se encontraba principalmente en el procedimiento seguido por las distintas administraciones. Según refleja la resolución ahora publicada, los menores eran trasladados al hospital sin cita previa y en un horario en el que era previsible que no pudieran ser atendidos en un plazo razonable, lo que provocaba que tuvieran que permanecer durante horas en el hospital o en comisaría a la espera de las pruebas o de la emisión de los informes.

La institución considera que ese modo de proceder "ponía en entredicho la necesaria coordinación" entre la Fiscalía que tramita las diligencias de determinación de edad, la Policía Nacional, la entidad pública de protección de menores y las autoridades sanitarias.

La investigación incorporó un nuevo elemento al solicitar información a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Almería, competente en materia de protección de menores.

La investigación tuvo su origen en una denuncia anónima remitida a la Defensoría en la que se describía una situación calificada como "deshumanizada". En ella se afirmaba que muchos menores localizados por la noche debían permanecer durante horas en comisaría, donde incluso eran los propios agentes quienes les facilitaban comida de su propio bolsillo mientras esperaban la documentación necesaria para poder ingresar en un centro de protección.

Desconocimiento

En su respuesta, la Junta reconoció que hasta ahora la entidad pública de protección únicamente intervenía cuando las pruebas médicas ya habían confirmado la minoría de edad. Es decir, durante todo el proceso previo, en el que se producían las esperas denunciadas, los menores aún no estaban bajo la tutela de los servicios de protección, que ni siquiera tenían conocimiento de esas situaciones.

El Defensor recuerda que esta práctica contrasta con la normativa vigente, que establece que cuando existen dudas razonables sobre la edad de una persona y esta puede ser menor, debe ser puesta de forma inmediata a disposición de la entidad pública de protección mientras se realizan las pruebas necesarias para determinar su edad.

Precisamente para corregir esta disfunción, la Delegación Territorial ha comunicado que ya ha puesto en marcha actuaciones de coordinación con la Fiscalía de Menores y las fuerzas de seguridad para que los servicios de protección sean informados desde el mismo momento en que un menor extranjero indocumentado es localizado.

El objetivo es garantizar que estos jóvenes reciban alojamiento y atención inmediata durante todo el proceso de determinación de edad, evitando que permanezcan durante horas o incluso toda la noche en hospitales o dependencias policiales mientras esperan el resultado de las pruebas.

Con esta respuesta, el Defensor del Pueblo Andaluz considera que las deficiencias detectadas están en vías de resolución y ha acordado dar por finalizadas sus actuaciones, aunque deja constancia de que la situación evidenciaba importantes fallos de coordinación administrativa que repercutían directamente en la atención prestada a unos menores especialmente vulnerables.