Sin noticias institucionales desde que se diera a conocer la sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba nula la creación de la comisaría local de la Policía Nacional de Roquetas de Mar, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil continúan presionando para que los agentes destacados en el cuartel roquetero salgan de la incertidumbre en la que viven desde hace meses. 

"Es una vergüenza el trato que están recibiendo por parte de la Directora General de la Guardia Civil los compañeros destinados en el Puesto de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, la falta de transparencia y empatía hacia ellos es inadmisible, los siguen tratando como meros números y no personas", afirma Rafael Maldonado, Subsecretario Nacional de Relaciones Institucionales de Jucil.

Por una parte, la última instrucción dada desde la Dirección General de la Guardia Civil es que los agentes de Roquetas de Mar serán cesados el próximo 1 de diciembre. Sin saber qué consecuencias tendrá la sentencia de la Audiencia General, Jucil ha registrado sendos escritos a la Directora General de la Guardia Civil y a la Secretaria de Estado de Seguridad "para que paren inmediatamente la disolución de la Unidad que tienen prevista con fecha 1 de diciembre".

Desde Jucil explican que, una vez dictada la sentencia por parte de la Sala de los Contencioso Administrativo, sección 5ª de la Audiencia Nacional, cualquier recurso por parte del Gobierno de España debe llevar el tema al Tribunal Supremo llegado el caso, "no siendo hasta entonces cuando la Dirección General de la Guardia Civil debe tomar una medida".

En concreto, Jucil solicita que se suspenda la disolución del puesto de Roquetas - Aguadulce y, con ello, cualquier traslado vinculado a ello. "Que se mantengan la plantilla, las plazas y los destinos actuales y se paralicen los ceses, las comisiones de servicio vinculadas al repliegue, la redistribución de plazas y el concurso restringido de vacantes" hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie. Además, Jucil pide que se confirme si siguen vigentes las fechas del 1 y 15 de diciembre para el cese y el relevo operativo, respectivamente. Además, piden con carácter urgente una fecha para la reunión con el General jefe de la Zona de Andalucía.

"De lo contrario y continuar con la expulsión de los agentes allí destinados, esta asociación tomará todas las medidas legales en la defensa de los agentes, así como solicitar la compensación por los perjuicios económicos y morales provocados por una expulsión arbitraria", anuncian.