JUCIL, asociación profesional de Guardia Civil, y el sindicato independiente CEM (Colectivo de Emergencias Municipales), en representación de los agentes de Guardia Civil y de Policía Local del municipio de Roquetas de Mar, denuncian su más enérgica protesta ante la crítica situación de abandono institucional y desprotección que sufren los patrulleros de ambos cuerpos.

Esta situación viene determinada por una concurrencia de factores que según JUCIL y CEM que han llevado a los agentes a un estado de colapso físico y mental:

1. Déficit crónico de efectivos: el municipio y el Ministerio incumplen sistemáticamente las ratios recomendadas de policías por habitante.

2. Alta densidad poblacional: supone un incremento significativo del volumen de residentes itinerantes, entre los que, además de turistas, destacan numerosos ciudadanos no censados y personas extranjeras sin residencia legal en España.

3. Incremento estival sin refuerzos: durante el periodo estival, la población se tiplica, sin que se activen los refuerzos ni las comisiones de servicio necesarias para hacer frente a esta presión adicional de forma continuada en el tiempo.

4. Desplazamiento de organizaciones de narcotraficantes a la costa almeriense.

5. Abandono institucional y deterioro de la salud de los agentes: la nula gestión y el sometimiento pleno a las decisiones políticas de los mandos superiores han generado un abandono institucional que ha provocado que un número considerable de agentes y mandos intermedios han causado baja médica, mermando aún más los ya escasos efectivos.

6. Nula gestión por parte del equipo de gobierno municipal del barrio de las 200 Viviendas, convirtiéndolo en un gueto donde impera la ley del más fuerte. El tráfico de drogas, la prostitución, la explotación sexual forzada, los mercadillos ilegales, las riñas violentas y los apuñalamientos son una constante, generando además graves molestias por ruidos, olores y residuos para el conjunto de los vecinos.

El estallido del conflicto en la zona de las 200 viviendas

Esta situación de desgaste ha encontrado su punto de inflexión en un hecho grave ocurrido en julio, cuando se detuvo a un individuo por un delito contra la salud pública y omisión del deber de socorro tras intentar deshacerse de un cadáver en la vía pública de este barrio. Este hecho no fue relevante para tomar ninguna medida adicional en la seguridad de dicha zona por parte de los responsables policiales de uno y otro cuerpo, así como de los responsables políticos, hasta que fue divulgado por los medios de comunicación el pasado día 2 de noviembre.

El día 4 de ese mismo mes se convocó la Junta Local de Seguridad, cuyas conclusiones se mantienen en la opacidad más absoluta, trascendiendo tan solo sus consecuencias claras y dramáticas:

Por un lado, la continuidad en la inutilización de los calabozos de la Policía Local: fruto de un conflicto provocado, que afecta a la funcionalidad de ambos cuerpos y que ha supuesto una merma operativa crítica, al tener que destinar como mínimo una dotación completa de la Guardia Civil por turno exclusivamente al traslado de detenidos, conllevando este hecho el no poder ejercer la prevención de la delincuencia y acudir novedades en el resto de la localidad durante varias horas, dejando desprotegidos a los ciudadanos.

Además de la exposición temeraria permanente de los agentes: se ha emitido una Orden de Servicio que obliga a patrullar únicamente el barrio de las 200 Viviendas con las patrullas de Guardia Civil en colaboración con Policía Local. Esta medida, además de ser un parche político que no solucionará los problemas de fondo, expone de manera temeraria e incongruente la integridad física de los agentes, utilizándolos como un escudo humano.

Todo ello ha resultado en el “secuestro” de los ya escasos medios de seguridad. Mientras una dotación queda anclada a labores de traslado y otras son confinadas en un solo barrio, el resto del municipio de Roquetas de Mar está desprotegido, dejando la seguridad ciudadana de los verdaderos contribuyentes al amparo de su suerte.

Desde JUCIL y CEM "exigimos a las autoridades políticas competentes que asuman sus responsabilidades, doten de medios personales y materiales suficientes a las fuerzas de seguridad, rectifiquen las medidas adoptadas que ponen en riesgo a los agentes y asuman de una vez por todas, la obligación de acotar y reducir el grave problema de inseguridad en el municipio, con soluciones reales y no con parches que empeoran la situación y ponen en riesgo a los agentes y a la ciudadanía".

Sobre JUCIL

Con más de 15.000 miembros, JUCIL es la asociación profesional más representativa de la Guardia Civil gracias a su espíritu combativo en defensa de los derechos y condiciones laborales de los miembros del Instituto y de la reputación del mismo. 

Los tres grandes objetivos de JUCIL son la equiparación salarial con otros cuerpos policiales, mejorar las condiciones laborales de los miembros de la Guardia Civil y defender el despliegue eficaz y la dotación adecuada del cuerpo en el ejercicio de las competencias que tiene legalmente atribuidas.