Han pasado sesenta años y tres meses desde que dos aviones, uno de ellos con cuatro bombas termonucleares, colisionaran sobre el territorio almeriense. Un muy largo periodo de tiempo en el que los almerienses, y muy especialmente los habitantes de Palomares (Cuevas del Almanzora), han vivido en un limbo legal y político que ni siquiera ahora se ha resuelto.

Las autoridades españolas y norteamericanas han tejido desde entonces "una densa trama de irresponsabilidad que se inició con una política del despiste". Al poco de caer las bombas el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, señalaba embutido en su bañador Meyba que podía asegurar ‘rotundamente’ que no había en la tierra ni en el mar ‘ningún tipo de contaminación’.

Dos años después el ministro de Industria, Gregorio López Bravo, recibía una carta del presidente de la Junta de Energía Nuclear en la que señalaba que no se había registrado ninguna anormalidad hasta la fecha (13 de julio de 1968) “pese a que como usted sabe se quedaron en el terreno unos cuantos kilos de óxido de plutonio”.

"Aquella pantomima se completó con la emisión, por parte de las autoridades españolas y norteamericanas, de unos certificados que señalaban que los terrenos afectados por el escape de plutonio estaban limpios de radiactividad para que pudieran ser utilizados para explotaciones agrícolas", narra el Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM).

"Qué pretendían es aún una duda por resolver, porque a raíz del accidente se puso en marcha el llamado Proyecto Indalo que, lejos de perseguir el que debería haber sido el objetivo prioritario (descontaminar esos suelos), se centró en investigar los efectos del plutonio en el organismo humano. Al frente del proyecto estuvo el doctor Janham, conocido como ‘Mister Plutonio’, un científico conocido por sus trabajos para conocer los efectos de la radiactividad en el cuerpo humano, pero no para tratar de evitar sus efectos", afirman.

"Ahora, sesenta años después, nos encontramos con que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, niega que el asunto de Palomares haya sido un accidente nuclear, por el simple hecho de que no se produjo en instalaciones nucleares. Los compañeros de Ecologistas en Acción le pedían que el Gobierno procediera a la limpieza de la radiactividad en la zona. La respuesta es apoyarse en diferentes triquiñuelas supuestamente legales para negar la mayor, es decir que en Palomares no hubo accidente y, por tanto, no procede considerarlo así", denuncia el GEM en un comunicado.

"El accidente de Palomares está considerado por los expertos de medio mundo como uno de los tres accidentes nucleares más graves sucedidos en el planeta Tierra, junto con los de Fukushima y Chernóbil. De esos tres, sólo en el almeriense no se ha procedido jamás a desarrollar la última fase de los trabajos, el de remediación de la situación. De hecho, un informe del CIEMAT alertaba de que los movimientos de tierras en la zona afectada de Palomares señalaban que esas labores liberan más radiactividad proveniente del plutonio que en Chernóbil, indicando que ‘las concentraciones másicas de partículas en las zonas afectadas por el accidente de Chernóbil son inferiores a las medidas en Palomares’", alerta el grupo ecologista.

Toda esta historia, relatada por autores que han investigado a fondo esta historia, como el almeriense José Herrera, y publicados artículos en revistas nacionales e internacionales, conforma no sólo una sinrazón evidente, sino una absoluta falta de respeto hacia quienes han sido los ‘sufridores’ involuntarios de esta situación, los palomareños, que durante décadas han sido utilizados como conejillos de indias por parte de las autoridades españolas y norteamericanas… "Todo apunta a que nunca importó demasiados lo que les ocurriera o cómo se viera afectada su salud, sino conocer que efectos nocivos se podían derivar de su exposición a la radiactividad", critica el GEM.

"La cuestión es que los residuos siguen ahí, en unos casos ocultos en depósitos enterrados y, en buena medida dispersas por la comarca del levante almeriense, lo que ha hecho posible que a causa de los movimientos de tierras o de lluvias y vientos, se expongan a la intemperie y, en esas condiciones, el plutonio 241 se transforma en Americio 241, que emite radiaciones de mucha mayor penetrabilidad que las originales", continúa el comunicado remitido a los medios de comunicación.

Por todas esas razones, desde el Grupo Ecologista Mediterráneo nos sumamos a las voces que están exigiendo al Gobierno español, y también a las autoridades de Estados Unidos, que "dejen de jugar con ese laboratorio clandestino en que han convertido a la localidad y a los vecinos de Palomares y aborden una solución definitiva para la descontaminación radiactiva de una comarca en la que viven miles de familias que hoy, más de sesenta años después, siguen expuestas a los efectos de una radiación que, por mucho que intenten ocultarla, sigue presenta y amenazando la salud de las personas y las economías de sus agricultores y ganaderos".

"Es de justicia y por ello pedimos a los gobiernos que tomen medidas que acaben con la impunidad, la irresponsabilidad y el engaño al que nos tienen sometidos desde que aquel 17 de enero de 1966 el cielo se desplomó sobre nuestras cabezas", sentencia el GEM.