El senador del Partido Popular, Jesús Caicedo, ha defendido en el Senado una moción, que ha sido aprobada con los votos en contra del Partido Socialista, en la que reclama al Gobierno de España que actúe de manera urgente para resolver la situación de Palomares, saldando así “la deuda moral, sanitaria y ambiental” que el Estado mantiene desde hace casi seis décadas con esta zona del Levante almeriense.

Durante su intervención, Caicedo ha explicado que su iniciativa busca el consenso de la Cámara para dar una solución definitiva a un problema que se remonta al 17 de enero de 1966, cuando un bombardero B-52 estadounidense colisionó sobre la localidad almeriense, esparciendo material radiactivo en cientos de hectáreas.

“Aquel accidente, el más grave ocurrido por armas nucleares en tiempo de paz, abrió una herida que el paso del tiempo no ha cicatrizado”, ha señalado.

El senador popular ha denunciado que, desde entonces, los vecinos han vivido entre promesas incumplidas y actuaciones insuficientes. “Se esperaba reparación y justicia, pero lo que llegó fue el engaño, convirtiendo la zona en un laboratorio a cielo abierto y priorizando la monitorización frente a la remediación”, ha afirmado.

Caicedo, que ha recordado su implicación en este asunto durante décadas desde distintas responsabilidades públicas, ha sido contundente al asegurar que la situación actual es insostenible.

“Frente a una emergencia social y medioambiental como la de Palomares no existe monitorización que valga. El tiempo no borra las deudas pendientes; al contrario, las agrava”, ha advertido.

En este sentido, ha citado diversos informes científicos que alertan del incremento del riesgo radiológico en la zona, como la presencia de americio 241, la detección de plutonio en muestras marinas en 2023 o evaluaciones que ya en los años 90 señalaban niveles de radiación superiores a los estándares internacionales. “La contaminación no entiende de vallados ni de plazos administrativos”, ha subrayado.

El senador del PP también ha criticado la falta de avances en el ámbito diplomático, señalando que ni la Declaración de Intenciones de 2015 ni los contactos posteriores entre España y Estados Unidos han dado resultados.

“Con esta moción no pedimos indulgencias ni concesiones: exigimos, sencillamente, justicia”, ha proclamado Caicedo, quien ha recordado que la Constitución obliga a los poderes públicos a proteger la salud mediante medidas preventivas eficaces. “No existe medida preventiva real sin la retirada total de las tierras contaminadas”, ha añadido.

Asimismo, ha rechazado que el coste económico pueda ser un argumento para seguir aplazando la solución. “La salud, la dignidad y la seguridad ambiental no se negocian: se garantizan”, ha afirmado, denunciando que la inacción del Gobierno supone “una vulneración inequívoca” del mandato constitucional.

El senador ha insistido en que existen herramientas suficientes para actuar, recordando que desde 2010 hay un Plan de Rehabilitación aprobado y que el almacenamiento temporal de los residuos es viable con ajustes legales mínimos.

“No faltan medios técnicos ni base jurídica: sólo falta voluntad política”, ha concluido.