El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha dictaminado favorablemente la propuesta de resolución del procedimiento que el Ayuntamiento de Carboneras tramita para revisar de oficio la licencia de obras concedida en enero de 2003 a Azata del Sol para edificar el hotel de El Algarrobico de cara a anular el acuerdo por el que se concedió dicho permiso municipal, que declara "nulo".

En su resolución preceptiva y vinculante del pasado 22 de mayo, consultada por Europa Press, el órgano valida el texto que el Consistorio tiene intención de elevar a Pleno próximamente para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el TSJA en julio de 2021, por la que se le imponía la obligación de realizar este proceso ante las leyes que se vulneraron para otorgar la licencia.

En esta línea, el Consultivo concluye que la licencia resulta "nula de pleno derecho" principalmente por dos motivos: por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido, conforme al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1994; y por afectar a la servidumbre de costas, ya que invadía la distancia mínima de 100 metros del deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

Así, señala que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras es el que tiene las competencias para iniciar el procedimiento al tiempo que rechaza la caducidad del expediente puesto que, pese al tiempo transcurrido --más de 20 años--, el procedimiento se ha visto sujeto al cumplimiento y ejecución de las resoluciones judiciales.

Con ello, avala el informe emitido el pasado 27 de marzo por parte de la Secretaría del Ayuntamiento con la propuesta que se someterá a debate en el plenario, la cual fue incorporada al voluminoso expediente examinado por el Consejo Consultivo ante el que, además, alegaron tanto colectivos ecologistas como la propia empresa promotora.

Estudio 'a posteriori' de posibles indemnizaciones

Dicha propuesta instará al Pleno, entre otros aspectos, a declarar de facto la ilegalidad de la licencia así como deducir 'a posteriori' un procedimiento específico para determinar si la constructora tendría derecho a cobrar una indemnización y cuánto supondría, en su caso.

El Ayuntamiento acordará así "determinar cualitativa y cuantitativamente, así como evaluar económicamente" qué cantidades, en su caso, tendrían que desembolsarse puesto que, según alega, en este momento carece de los medios materiales y personales necesarios para estudiar este asunto en detalle.

En cuanto a las alegaciones y recursos interpuestos por las partes al expediente, el Ayuntamiento prevé remitirse al propio dictamen del Consultivo, el cual respalda sus pretensiones tanto en el modo de tramitar el expediente, los plazos y su intención de estudiar en un segundo expediente las posibles indemnizaciones.

Greenpeace celebra la "victoria"

La organización ecologista Greenpeace hace celebrado esta "victoria" tras más de dos décadas de litigios y 12 años desde que la organización iniciara la vía administrativa específica para la revisión de oficio. Así, ha valorado que el Consultivo haya "dado la razón a quienes han defendido la ilegalidad del hotel construido a pie de playa en Carboneras"

Con ello, han manifestado que durante estos últimos cuatro años desde que el TSJA obligara a la revisión de oficio de la licencia, el Consistorio "ha agotado todos los cauces para evitar este paso", una actitud que Greenpeace ha calificado de "insumisión judicial intolerable".

"Hoy celebramos mucho más que la anulación de un permiso de obras; celebramos el fin de la impunidad en nuestras costas. Sin embargo, esto debe ser un punto de inflexión: ante la gravedad de los retos ambientales y climáticos que enfrentamos, no nos podemos permitir este tipo de funcionamiento institucional agónico y cómplice", ha dicho la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña.

Por su parte, el coordinador de Greenpeace Andalucía, Luis Berraquero, ha considerado que "ya no quedan más excusas" para acceder al derribo del hotel "tras años de trampas y desobediencia por parte del Ayuntamiento de Carboneras".

"Cada día que el hotel sigue en pie es una afrenta a la justicia y al patrimonio común. Es hora de que entren las máquinas y que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar recupere lo que nunca debieron arrebatarle. El dictamen no es una sugerencia, es el acta de defunción legal del hotel", ha añadido.

Greenpeace ha recordado que el Tribunal Supremo sentenció en 2016 que el paraje del Algarrobico era suelo protegido no urbanizable desde 1994 mientras que en su sentencia de 2023, el alto tribunal ordenó en firme al Ayuntamiento de Carboneras que iniciara el procedimiento de revisión de oficio de la licencia de obras.

SIN EXCUSAS PARA EL DERRIBO

"El dictamen actual del Consultivo es el último paso para acabar con la licencia, confirmando que el permiso concedido en 2003 fue ilegal desde el primer minuto por contravenir los planes ambientales del Parque Natural, tal y como denunció Greenpeace", han abundado.

Así, han urgido a la aplicación del protocolo de derribo y restauración firmado por Gobierno central y Junta de Andalucía en 2011, en el que establece un reparto de tareas: el Estado se encarga de la demolición y el desescombro, mientras que la Junta asume la restauración ambiental y la gestión de los residuos.

Greenpeace exige que los presupuestos públicos de 2026/2027 reflejen ya las partidas necesarias para devolver la playa a su estado original. "No se trata solo de tirar un edificio, sino de recuperar la biodiversidad de una de las joyas del Mediterráneo andaluz". Según un informe encargado por Greenpeace, el derribo y la restauración tienen un coste estimado que supera los siete millones de euros.

Además, la nulidad de la licencia es la "llave maestra" para culminar el proceso de expropiación parcial iniciado en 2025 por el Ministerio para la Transición Ecológica "sin tener que hacer frente a una indemnización abusiva". Dicho proceso, que afecta solo a la mitad del hotel que invade la zona de servidumbre, está pendiente de concretar un justiprecio por parte de un tribunal de expropiaciones

Para Greenpeace, la nulidad de la licencia cierra la puerta a que la promotora exija indemnizaciones millonarias basadas en una "licencia válida", ya que esta fue ilegal desde su origen. "Esto protege las arcas públicas de las pretensiones de la empresa, que llegó a pedir más de 70 millones de euros en su día", han interpretado.

"El Algarrobico pasa hoy de ser un símbolo de la corrupción y el ladrillazo al ejemplo del fin de la impunidad. No podemos normalizar procesos de dos décadas mientras destruyen el planeta: la protección del patrimonio natural tiene que ser ineludible e inmediata. Hoy, por fin, la ley pesa más que el hormigón", ha concluido Saldaña.